Quioscos o puestos formales asignados en calles menos transitadas en el centro; corredores comerciales, explanadas o espacios concurridos donde puedan ofertar sus mercaderías ya regulados y organizados piden vendedores y representantes de comerciantes informales o autónomos que desde inicios de este agosto volvieron a hacer el centro de atención por los operativos y acciones que han retomado autoridades municipales para recuperar los espacios públicos, como calles y aceras, que una parte de ellos ocupaba con la venia de los mismos funcionarios como los agentes metropolitanos.

Ahí saltaron también las denuncias y casos de corrupción que se han escuchado desde administraciones y años anteriores, cuando en reiteradas ocasiones comerciantes (formales e informales) exponían que se pedían o daban coimas (dinero) para que vendedores instalen sus puestos improvisados en áreas regeneradas donde está prohibido como dictan las ordenanzas locales. A inicios de agosto fueron 42 los agentes metropolitanos, entre tropa y jefes, que sacaron por actos irregulares como calificó el cabildo a aquello. Y sumaban 100 en total los uniformados municipales separados durante la administración de Cynthia Viteri.

Desde inicios de agosto del 2021, los agentes metropolitanos (antes policías metropolitanos) recorren a diario la Bahía para evitar que informales se asienten en las veredas. Hubo quejas por casos de corrupción (coimas) contra unos funcionarios que estuvieron involucrados y que fueron separados. Foto: Jorge Guzmán.

Y de vuelta a los operativos contra la informalidad, como llama el Municipio, se intensificaron también los enfrentamientos entre informales, funcionarios y uniformados. Y también entre comerciantes formales y ambulantes. Esto porque incluso, el jueves 12 de agosto, Xavier Narváez, director de Justicia y Vigilancia del Municipio de Guayaquil, advertía con continuar con las clausuras de comercios que permitían que los informales se pongan afuera de sus negocios.

“Ellos (comerciantes formales) también tienen que pelear por su espacio, no queda de otra, porque nosotros no vamos a contratar gente para cuidar cada esquina de la ciudad”, sostuvo Narváez, aquel 12 de agosto, en una entrevista telefónica con este Diario.

Publicidad

Y allí agregó que sí hay solución para los informales, pero que no permitirán que vuelvan a las calles. Y que para ese día todavía no le llegaba el listado de los más de 2.000 que serían según lo que le dijeron dirigentes.

Comerciantes informales dicen vivir en zozobra por controles; metropolitanos también, por reacciones de los vendedores

No obstante, informales y sus representantes coinciden en que todavía el cabildo porteño no les contesta a los escritos que han ingresado en este mes ni tampoco les dan solución para que los vendedores informales o ambulantes puedan llevar el sustento económico a sus hogares, más en este tiempo de crisis económica, agravada por la pandemia del COVID-19, donde a junio del 2021 la tasa de desempleo en la zona urbana fue del 6,8 %, según las últimas estadísticas del INEC, mientras a nivel nacional (entre urbano y rural) se ubicó en 5,1 %. Y la tasa subempleo fue de 23 % en Ecuador.

Los informales y sus dirigentes aseguran que la única respuesta que han tenido por parte del cabildo es la presencia de más agentes metropolitanos con toletes, chalecos, gases, cascos…, además de la intimidación, de la represión y de la criminalización que, afirman, están viviendo en estos días. Reconocen que ha habido casos de ambulantes que no han respetado a las autoridades y que incluso los han confrontado, pero acusan de aquello a los foráneos y también, en menor medida, a vendedores nacionales que supuestamente habrían sido agredidos primero o a quienes les quitaron las mercaderías de forma violenta.

Agresiones llegan también a defensores de derechos humanos

Los problemas que se suscitan entre metropolitanos y vendedores ambulantes han traspasado fronteras. Ahora incluso hay ciudadanos que denuncian agresiones por parte de funcionarios municipales durante el desarrollo de estos operativos.

Un caso ocurrió el 5 de agosto cuando un defensor de derechos humanos documentaba y fotografiaba un altercado entre uno de los comerciantes y “un presunto servidor municipal, que se encontraba sin uniforme, sin chaleco, sin credencial municipal y que dirigía a otras personas vestidas de civil que se movilizaban en vehículos con emblemas del GAD de Guayaquil”, dice parte del escrito, dirigido a la alcaldesa Viteri, por representantes del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), donde también consta la firma del defensor agredido.

El defensor Fernando Bastias cuenta, en ese documento, que portaba chaleco, membretes de la institución de derechos humanos y que también se identificó como defensor de los derechos humanos cuando uno de los supuestos servidores municipales se acercó a amenazarlo porque fotografiaba los hechos, donde segundos antes los mismos servidores que estaban de civil le arrancharon el celular a un transeúnte que también grababa el altercado entre el informal y el municipal.

Publicidad

Ahí a Bastias lo empujaron, señala en la carta, y lo volvieron a amenazar. La gente que estaba a su alrededor lo defendió y evitó que le quiten la cámara y lo golpeen en ese momento. Pero cuando él se retiraba del sitio en un taxi, uno de estos supuestos servidores municipales le dio alcance y lo golpeó en el rostro, dentro del carro.


El escrito, con fecha del 6 de agosto del 2021, donde se rechazan estas agresiones y se pide una inmediata investigación administrativa fue sellado con el recibido en las ventanillas del Municipio el 11 de agosto, pero hasta las 12:00 del domingo 22, el CDH no recibía respuesta a su correo electrónico que pusieron en la misma misiva, donde también hacen un pedido de información sobre la actuación de los metropolitanos.

Y lo más grave, no solo con lo ocurrido al colega, si no que es una práctica desde antes, es la intervención de civiles que ordenan a policías (ahora agentes) metropolitanos, a uniformados, a ejecutar agresiones.

Billy Navarrete, defensor de los Derechos Humanos y secretario ejecutivo del CDH

Este Diario también pidió información sobre este suceso al cabildo, pero hasta el cierre de esta edición (17:30 del domingo 22) no hubo contestación a dos interrogantes planteadas por este Diario.

Billy Navarrete, secretario ejecutivo del CDH, cuenta que funcionarios vestidos de civil, sin identificar, no pueden ordenar este tipo de operaciones en las que incluso hay agresiones, porque no están actuando como autoridad. Es el uniforme y sus emblemas lo que los vuelven autoridad en la calle.

Y de estos casos, donde hay agresiones, hay muchos y se dan casi a diario, aunque las autoridades locales tratan de minimizarlos, aseguran comerciantes y dirigentes entrevistados. Algunos incluso se han expuesto en redes sociales en estos días, donde se replican videos con enfrentamientos y vulneraciones. Del lado de los agentes metropolitanos también se habla de que son víctimas de agresiones por parte de los informales.

El espacio público y las leyes en la sociedad

Quien se encarga de poner el orden en el espacio público es la autoridad, en este caso la local (Municipio), quien debe hacer valer su función como tal. Para esto debe poner normas claras y hacerlas respetar, explica el sociólogo Carlos Tutivén, docente investigador de la Universidad Casa Grande.

Explica que una autoridad no puede basar su gestión y administración en dejar hacer y dejar pasar porque aquello caotiza la convivencia en el espacio urbano y lo vuelve ingobernable.

Antes de agosto, comerciantes informales estaban apostados en aceras y calles de la Bahía, donde, por ordenanza municipal, está prohibida la instalación y venta de ambulantes en estos espacios denominados de regeneración urbana. Foto: Archivo

“Lo que estaba pasando con las bahías era algo ya inadmisible. Y lo digo porque vivo en las bahías. El espacio público ya no era un espacio público, compartido, de convivencia, de circulación, de intercambio, de vida cotidiana. El espacio estaba pauperizado, deteriorado, destruido, no se podía caminar, circular, sin que no se den atropellos. Y no hablo del atropello de los municipales a los informales, sino de todos contra todos, porque había un colapso de mínimas reglas de espacialidad, racionalidad y administración de un espacio que le pertenece a todos”, expone Tutivén.

Cuenta que desde una mirada externa quizás se puede ver a la medida (intervenir para recuperar el espacio público) como contundente o represiva, como citan muchos ciudadanos, pero que era necesaria por los problemas que ahí surgían, donde la caotización rayaba en lo irracional.

Sostiene que ahora, la sociedad civil debe hacer un seguimiento de qué vendrá (soluciones a largo plazo), de “qué medidas de racionalidad del espacio público, en relación a comercio informal, se van a dar”. Aquello, agrega, es clave puesto que no hay garantías de que se mantenga el espacio como está momentáneamente, ya que esto dependerá también de la dinámica de la gestión pública.

Esta medida (recuperación del espacio público en la Bahía), que debe ser temporal, debe de venir inmediatamente complementada con una política seria que permita que el comercio informal en condiciones como las que tenemos, pobreza, pandemia, subempleo y que es un problema real y diario, pueda ser tratado.

Carlos Tutivén, Sociólogo y docente investigador

Tutivén resalta que la ciudadanía a veces cree que hay autoritarismo cuando se hace respetar una regla o una ley. Pero que el autoritarismo es cuando no se dan razones de la gestión que se hace. Pero mientras se cumpla esto último y exista un bien superior, la autoridad “tiene que hacerse valer”.

Y asimismo es la autoridad municipal la que debe de encargarse de ese espacio público, de legislar para recuperarlo, nadie más, agrega el sociólogo.

Uno de los operativos municipales que se efectuaron a inicios de este mes en el sector de la Bahía. La Policía Nacional ayudó en esta intervención. Foto: Jorge Guzmán

Para Billy Navarrete, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), el principal conflicto que la política municipal tiene en Guayaquil, y que a su criterio no ha estado bien manejado y va en perjuicio del mismo cabildo, es esta confrontación por el espacio urbano, donde se ha construido una imagen de un funcionario, en este caso policía o agente metropolitano, como un sujeto violento, “como un garrotero, que es el calificativo que se le da. Y eso desmerece del rango de autoridad que un agente del Estado debería conservar y poner por delante”, menciona.

Cuenta que de por sí el espacio público es un tema complejo en cualquier ciudad, pero las autoridades deben aprender a manejarlo como se lo ha hecho en otros lados.

“No se ha discutido ampliamente con los actores para encontrarle salida. La única respuesta ha sido la de la fuerza. Como hemos visto en estos videos (que han circulado en redes sociales en estos días), la reacción de la ciudadanía es inmediata y a veces en el mismo sentido que la agresión estatal y eso no es una manera de gobernar. La violencia trae más violencia y eso no es lo que debe buscar la autoridad”, indica Navarrete.

Vendedores informales piden módulos y espacios en el centro

“El comerciante informal es un pequeño motorcito de la economía a nivel nacional que sencillamente siempre es utilizado (en época electoral). En tiempo de campaña, la señora alcaldesa ofreció muchas cosas y no cumple ninguna de las que prometió (a los informales)… Hemos solicitado una reunión, pero no nos dan apertura”, cuenta Jorge Mora Gaibor, presidente de la Asociación de Comerciantes Informales del Malecón, conformada a raíz de estos operativos, y que alberga a casi 400 vendedores que buscan legalizarse.

Agrega que desde la administración de Jaime Nebot han intentado conformar una asociación para trabajar en la Bahía de manera formal, pagando tributos y permisos municipales, pero que supuestamente en todo ese tiempo no se dio paso a nuevas asociaciones de comerciantes en esa zona céntrica de Guayaquil. Tampoco, asegura, pueden alquilar las carpas o espacios que hay para ferias en el interior del malecón Simón Bolívar porque los costos son muy elevados para ellos, dice Mora y refiere que ahí el alquiler de un estand de 2 metros por 2 metros vale $ 250 al mes, y hasta $ 350 cuando son fiestas o temporadas como julio, octubre o diciembre, pero lo que ganan si trabajan de domingo a domingo no les alcanza para cancelar ese valor, expone.

Así estaba una zona de la Bahía, en la av. Olmedo, el viernes 20 de agosto. Desde inicios de este mes volvieron con fuerza los operativos contra la informalidad por parte del Municipio de Guayaquil. Foto: Ronald Cedeño Foto: El Universo

El gremio de Mora propone que les asignen módulos o espacios en calles de la Bahía que son usadas más para los estacionamientos de los vehículos como las que están en zonas que colindan con la Caja del Seguro del IESS y otras transversales.

César Cavero Cox, de 52 años, comerciante informal de “toda la vida” y quien se mueve por zonas del noroeste ante el “crecimiento descontrolado de vendedores”, en especial de extranjeros, habla también de la creación de corredores formales organizados, con reglas para todos, como uniformes y distintivos, como alternativa viable para ayudar a los ambulantes que se ven obligados a trabajar en las calles ante la falta de empleo formal.

“Todos en mi familia (ahora son más de siete hogares) vivimos del comercio informal porque nunca nos salió un trabajo fijo por más que metimos carpetas donde más pudimos… Entonces no podemos dejarnos morir de hambre, tenemos hijos que mantener, necesidades…”, cuenta.

Alfredo Carrasco Larrosa, presidente de la Asamblea Ciudadana de Servicios Públicos del Guayas, comenta que otra de las soluciones es llevar, de manera organizada y con normas por cumplir, a los informales a explanadas que actualmente están vacías.

El panorama en la Bahía en un día regular, como el viernes 20 de agosto, ahora con los operativos contra la informalidad. Foto: Ronald Cedeño Foto: El Universo

Gustavo Zúñiga, titular de la Dirección de Aseo y Mercados del Municipio de Guayaquil, sostuvo también en una entrevista con este Diario, el 8 de agosto, que hay soluciones, y que incluso han dado unas 30.000 soluciones a lo largo de estos 20 últimos años, pero que todo se hace con estudios y basados en la demanda de los que realmente quieren formalizarse, porque uno de los problemas reiterativos es que hay vendedores que son eventuales (por horas y días) y que no quieren seguir horarios y reglas como las que se exigen en los mercados municipales, donde hay pocos espacios vacíos ante la demanda, dijo.

Comerciantes formales también desean solución para ambulantes

Que las ventas han subido el 30 % y hasta el 40 % ahora que no hay informales en las aceras que afectaba también a sus negocios, dicen representantes del comercio formal en la Bahía. Ellos cuentan que desde hace dos años agentes metropolitanos se dedicaban a pedir coimas y que para engañar a los funcionarios municipales primero tomaban fotos a las 09:00 de cómo retiraban a los ambulantes, y aquello enviaban a sus superiores. Luego cobraban y los dejan instalar. Lo mismo hacían en la tarde.

Ellos también esperan que el Municipio les dé una solución definitiva a los informales para que puedan vender, ya que entienden que necesitan sobrevivir en esta crisis económica, comenta Elicer Sala, del gremio de comerciantes formales. Él espera que no los manden al Mercado de las Cuatro Manzanas porque de allá, en cambio, siguen saliendo los vendedores a las calles, ya que hay quejas de bajas ventas. (I)