Como una propuesta positiva califican los constructores al proyecto de ordenanza que pasó su primer debate en el Concejo Cantonal y que busca impulsar programas habitacionales de interés social en la ciudad.

La norma de estímulo tributario y técnico para las construcciones de edificaciones y programas habitacionales de interés social en todos sus segmentos enmarcados en el cantón entregará estímulos tributarios a promotores y constructores que se enfoquen en impulsar estas iniciativas. Las unidades no deben sobrepasar los 60 m² en el registro de construcción inicial.

Con rebajas y estímulos tributarios, Guayaquil intenta impulsar edificaciones y viviendas de interés social de hasta 60 m²

Henry Yandún, vocero de Constructores Positivos, dijo que es una propuesta bien enfocada, ya que el 80 % de la demanda de vivienda que existe en la ciudad y en el país es para el segmento de menos de $ 70.000. Es decir, casas pequeñas de una o dos plantas, con máximo dos dormitorios.

“Cada año las ciudades crecen y se forman hogares nuevos, por lo que es necesario ofrecer planes y facilidades para ese segmento”, manifestó.

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Sin embargo, levantar este tipo de proyectos representa un desafío. Yandún explicó que el problema radica en los precios del suelo. “Ojalá que el Municipio, utilizando la nueva Ley de Vivienda de Interés Social, pueda entregar suelos municipales a menor valor catastral con la condición de que se ejecuten viviendas de este tipo”, indicó.

Los estímulos tributarios que se proponen en el proyecto de ordenanza comprenden el 50 % de disminución por un periodo de diez años en el impuesto de catastro municipal, del 1,5 por mil sobre los activos totales y de la tasa de habilitación.

Según Jaime Rumbea, vocero de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador (Apive), las seis herramientas que se discuten en la propuesta de ordenanza son positivas, apropiadas y pertinentes.

No obstante, dijo, desde el punto de vista de su aplicación, tres de ellas van a requerir un proceso burocrático de revisión previa por parte del Municipio, lo que es contrario a las mejores prácticas regulatorias en las que se prioriza el control posterior.

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Otro de los reparos que hace Rumbea es al artículo 4 del proyecto de ordenanza, en el que se detalla que los fiscalizadores de obra deberán recibir una capacitación por parte de los que hoy en día actúan de fedatarios.

“No está especificado cómo se daría la capacitación ni cuál sería el procedimiento. Además se está encargando capacitar a quien hoy estaría perdiendo ese trabajo”, acotó.

Para Guillermo Jouvín, gerente general de Etinar, todo estímulo tributario es bueno. Sin embargo, dijo que se deberá analizar el alcance que tiene para el promotor inmobiliario. “La propuesta va orientada al comprador final de la casa, al tener reducciones del 50 % en el impuesto en el catastro municipal, de los activos totales y la tasa de habilitación”, indicó.

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Jouvin citó que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda emitió un acuerdo ministerial que facilitó también el incentivo para viviendas de interés social y prioritario. En ese documento se detallan beneficios tributarios que permiten la recuperación del impuesto al valor agregado (IVA) en viviendas de interés social, entre otros factores atractivos.

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“Otras limitantes que deben considerarse por parte de la Municipalidad son las condiciones de infraestructura de lotes con servicios para abaratar los costos de estas obras”, anotó.

Dos elementos que no se están tomando en cuenta y que deberían ser incluidos, según Rumbea, son la digitalización del proceso de transferencia con los notarios y Registro de la Propiedad; asimismo, la declaración responsable, figura que ya se aplica en la ciudad. (I)