‘Antes en 48 horas ya sabíamos qué teníamos, ahora son meses’: normativa genera retrasos en atenciones de prestadores que reciben jubilados y afiliados

Demoras en la derivación de consultas a prestadores de salud e interrupciones en tratamientos que deben seguir los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y jubilados son el escenario con el que lidian de manera más compleja desde hace seis meses.

Cristina Freire, vocera de prestadores externos nivel 2 del IESS en Guayas, explicó que desde que está vigente la normativa 140, en la que se detalla que a través de un código de validación debe darse la derivación, los prestadores ya no pueden realizar este proceso directamente dentro de su unidad médica.

“Los afiliados y jubilados tienen que, otra vez, volver a la unidad médica del IESS y que ahí los vuelvan a derivar a otro prestador que muchas veces no es el mismo y tampoco es cerca del domicilio”, explicó Freire.

Jubilados como Wellington Carpio indicaron que existen demoras de entre seis meses y un año para conseguir las consultas con especialidades al ejecutarse este procedimiento.

Con ello se afectan tratamientos o el acceso a cirugías de ser el caso, indicó.

“Nos derivan a otros prestadores en donde no están las historias clínicas, a veces en otras ciudades en donde no están los antecedentes ni nada respecto de la enfermedad que se estaba tratando”, mencionaron jubilados.

Afiliados mencionaron que antes de la implementación de esta norma podían tener un diagnóstico en 48 horas, ahora se deben esperar meses.

La vocera de los prestadores indicó que se ha solicitado que se revise la normativa que ya está en el Registro Oficial y que “ha cambiado muchas reglas de juego para los prestadores externos”.

“Hemos solicitado a las autoridades del IESS que, además de solventar el tema de los pagos, se aborde la problemática de los códigos de derivación y lo que ocurre con el servicio que se brinda y el que se brindó, porque a veces se llega a objetar en auditoría hasta el 80 %. Significa que apenas nos pagarán un 10 % o 20 % del total de lo facturado”, agregó.

La deuda a los prestadores asciende a más de $ 800 millones. A finales de 2025 se canceló solo un 20 %, que llegaba a $ 1.000 millones. (I)