Recordamos cada detalle cuando, en 2009, el Gobierno del entonces presidente del Ecuador, Econ. Rafael Correa, dispuso a sus alineados asambleístas que ya era tiempo de aprobar una nueva Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, una que transformara al deporte ecuatoriano, convirtiéndolo en el paradigma legal que hasta los países más desarrollados en el ámbito deportivo replicarían.

También tenemos presentes a los asambleístas proponentes, los que, con discursos fogosos, exponían los motivos, el peso y la calidad del contenido de la ley. Eran tan convincentes sus intervenciones que varias veces fueron interrumpidos por aplausos sonoros que envalentonaron a los discursantes. Parecía una obra teatral de la que todos conocían de antemano el final. Es así que esa mayoría aplastante cumplió con la aprobación, justo a la medida y voluntad de quienes la confeccionaron, todos ellos domiciliados en Carondelet. Salvo contadas excepciones, pocos entendieron el fondo del proyecto; el resto votó por la consigna. Aquella ley fue aprobada el 29 de julio de 2010 y ordenada su publicación en el Registro Oficial el 4 de agosto del mismo año.

Leer el considerando y los principios fundamentales de aquella ley nos hacía imaginar que estábamos en el umbral de la innovación de los derechos dogmáticos que merece una sociedad organizada. Tan solo detenerse en su artículo 4, en que se refiere a los principios, aquellos que garantizarían la eficacia, desconcentración, descentralización y transparencia, nos imaginamos que era la panacea tan esperada por la organización deportiva del país. La exposición de motivos es un acto de encantamiento. En la realidad, más se parece a las frases preliminares de la novela de Ernesto Sábato Antes del fin, porque cuando ya nos interiorizamos en la profundidad de su contenido, nos percatamos de que el fin era diferente de esos enunciados magnificentes con que la Revolución ciudadana ofrecía transformar el deporte ecuatoriano.

Lo que pudo encontrarse es que el espíritu de la ley contemplaba capítulos claramente diseñados por expertos centralistas estatizadores, que servían como instrumento para apoderarse de los organismos que rigen el deporte ecuatoriano. Con esa finalidad, se otorgó vía libre para la creación de organizaciones deportivas fantasmas, de papel, para así captar todas las dignidades, violando la autonomía que dispone y obliga la Constitución, toda una arquitectura diagramada para que el ministro del Deporte tenga licencia para intervenir, las veces que le dé la gana, en las estructuras de las diversas organizaciones deportivas. Se convirtió, como lo definieron los opositores, en “un monumento antijurídico”, un instrumento político útil para saciar las ambiciones políticas absolutistas con que debían manejarse los diversos estamentos deportivos.

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Con el transcurrir del tiempo, sucedió lo que se temía. El ministro del Deporte se convirtió en el brazo ejecutor de las políticas inquisidoras e invasivas pretendidas por el Gobierno central. Las voces de reclamo no se hicieron esperar, entre las que sobresalieron la del Econ. Danilo Carrera, César Pólit y otros, quienes encabezaron una oposición intelectual con el fin de denunciar y obligar a reformar todos esos vicios perniciosos que, hasta hoy, afectan al deporte.

Danilo Carrera: Redactaron un proyecto de Ley pensando que un correísta iba a llegar al Ministerio del Deporte

En el último tiempo del gobierno del Lcdo. Lenín Moreno, la Asamblea, bajo el pretexto de modificar esos males, intentó incluir un proyecto de una nueva ley del deporte camuflada, que tomó viada en la Comisión de Salud y, entre gallos y medianoche, intentaron que se aprobara un texto que tenía la misma jeringa, pero con distinto bitoque, o sea, nos clavaban una nueva ley con el mismo contenido conceptual. Por suerte, no alcanzaron los tiempos para llevarla al pleno.

En los últimos meses hemos conocido que el asambleísta Marcos Molina Jurado ha propuesto en la comisión correspondiente un nuevo proyecto de Ley Orgánica del Deporte, Educación Física y Recreación. Debo confesarles que dicho documento ha llegado a mi poder y he encontrado con mucho beneplácito que los principales males que sufre la ley en vigencia han sido extirpados de raíz en el proyecto de Molina.

Me he dedicado a revisar los 397 artículos propuestos y sus correspondientes disposiciones generales. El criterio que me deja es que esta nueva ley, en caso de ser aprobada, no solo que aplaca los males identificados en la norma correísta, sino que además reestructura las organizaciones deportivas con los justos requisitos para su conformación. La elegibilidad de sus dirigentes tiene como finalidad darles instrumentos. Sobre todo, otorga al ministro de turno la facultad de supervisar la despolitización, pero también la promoción de la actividad física, fuera de cualquier proselitismo, injerencias y presiones de las autoridades públicas.

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Ya está el Plan de Alto Rendimiento, ¿y la Ley del Deporte?

Lamentablemente, dos noticias no tan afortunadas provocan nuevos nubarrones en el horizonte para que este proyecto sea conocido por el pleno de la Asamblea. La primera, he conocido, es que la voluntad de la alta jerarquía del Legislativo ha considerado poner como fecha tentativa para conocer el proyecto de ley el último trimestre de 2021. La segunda novedad, también supe, es que en el Ministerio del Deporte están preparando un nuevo proyecto para ponerlo en consideración. Sin ser algo oficial, sobre este rumor hay que mencionar que el ministro Sebastián Palacios no lo ha desmentido. Si es real, entonces probablemente el conocimiento de esta ley seguirá postergándose, mientras tanto las instituciones deportivas continuarán eligiendo dignatarios protegidos por la ley vigente.

Hace poco conocimos que el ministro del Deporte ha presentado un plan para la activación del alto rendimiento. Lamentablemente, este loable esfuerzo estará a disposición de las federaciones ecuatorianas por deporte, conformadas muchas de ellas de acuerdo con los designios de la ley del 2010. El esfuerzo que pueda demostrar el actual ministro seguirá subyugado, porque la ley correísta avalará su gestión.

Es hora de que las autoridades responsables de aprobar leyes se sensibilicen y demuestren que están con el principio de que el deporte es una política de Estado. El resto es cuento. Que reconozcan el presidente de la República, el Poder Legislativo y el ministro del Deporte que al Estado le corresponde proteger, promover y coordinar, porque además así lo consigna la Constitución. El Estado está en la obligación de generar y garantizar, por medio del deporte, una sociedad ecuatoriana intercultural, solidaria, sin discriminación, que busca una juventud libre de drogas. Al final son derechos de todos que no pueden ni deben ser postergados.

Lo que sí percibimos es que, ante la indiferencia que observamos por la permanente postergación —sea por omisión, negación o indiferencia— en el tratamiento de la nueva ley, va generalizándose un fuerte desencanto en el gran conglomerado deportivo del país. (O)