En uno de esos aburridos viajes transcontinentales, a los que continuamente me veo expuesto por mis actividades académicas y cuando el libro que llevaba en las manos dejó de cumplir las expectativas, decidí hacer uso del sistema de entretenimiento que la aerolínea pone al servicio de sus clientes. Una vasta oferta de películas, series y videos musicales, para que los cientos de personas que viajábamos juntas, podamos convivir civilizadamente durante diez horas de interrelación anónima y silenciosa.

Una de las películas ofertadas era la última de la saga de Batman, en la que nuevamente el “Caballero de la Noche” como le llaman sus agentes de mercadeo, acude en auxilio de ciudad Gótica para luchar contra el crimen organizado. La criminología y la sociología hace mucho alertaron sobre la estructura que subyace en el cómic, especialmente en el de los superhéroes. Todos comparten exactamente los mismos elementos y características, a saber un tipo torpe en su vida cotidiana, que cuando está disfrazado actúa fuera de la legalidad en auxilio de la policía, armado de superpoderes y capacidades extraordinarias. Alguien que está más allá del bien y del mal, a quien la sociedad “necesita” cuando los medios legítimos de lucha contra la delincuencia aparecen como insuficientes. Un vigilante que tiene como objetivo los grupos delincuenciales, representados por figuras entre grotescas y monstruosas. Esto que parece un cuento para niños simboliza, sin duda, el ideario construido respecto de criminalidad y delincuencia, en nuestras sociedades posmodernas.

La sociedad exige “seguridad” a toda costa y eso puede conllevar desde mirar a otro lado cuando se producen evidentes violaciones a los derechos humanos, hasta simplemente legitimar las mismas. Esto explica que cada tanto aparezca un “Justiciero”, que decide tomar la ley por sus manos, a través de grupos de limpieza social. La muerte de personas con antecedentes penales, en sociedades azotadas por acciones delictivas reiteradas, especialmente actos violentos, es saludada en un inicio y recibida con una exhalación de alivio. La policía sabe perfectamente lo que pasa y siempre habrá las explicaciones del ajuste de cuentas entre bandas o el sicariato, para tranquilizar a todos. Al fin y al cabo, ¿a quién le importa un delincuente muerto? Esto no lo digo yo, lo dice el Relator de las Naciones Unidas para Ejecuciones Sumarias, en dos informes que en lugar de ser analizados y tomados como inicio de una investigación seria al respecto, fueron enfrentados con argumentos de soberanía.

El problema mayor es que además de la policía, la sociedad sabe lo que pasa y solo reacciona cuando los medios de comunicación exponen estos temas a la opinión pública. La dolorosa experiencia nos ha enseñado que los grupos de limpieza social siempre actúan desde la institucionalidad o al menos con el permiso de esta, por eso la prensa no dependiente de la estructura gubernamental es tan odiosa al poder punitivo. También nos ha enseñado que ese superhéroe criollo no es más que un tonto útil que es usado y luego desechado por los mismos a los que sirvió. ¿Por qué no se investigó la muerte de Mauricio Montesdeoca Martinetti en Portoviejo hace algo más de tres años? ¿Por qué no se investigaron las denuncias de su participación en hechos violentos?

Todavía retumban las palabras finales del Informe de la Comisión de la Verdad, que alertan sobre la pervivencia de viejas estructuras de violación de derechos humanos en la fuerza pública, solo que ahora bajo nombres y esquemas diferentes. La máquina de picar carne, negra e indígena, en que se ha convertido el sistema penal ecuatoriano no se dirige a los violadores de derechos humanos. No hay un solo denunciado en el Informe de la Comisión de la Verdad que se encuentre actualmente llamado a juicio y fueron más de 130 casos documentados. La impunidad que reinaba antes de este gobierno, respecto de las graves violaciones de derechos humanos, permanece intacta y se fundamenta en la misma estructura de control de los órganos de administración de justicia. ¿Cuántas personas acusadas de cometer aquellos delitos que persigue el derecho penal internacional o el derecho internacional humanitario se encuentran en la lista de los ‘Más buscados’? ¿Algún torturador de los muchos que hemos tenido está ahí? Esto debería responder el ministro del Interior, que mediante una acción policial desenfrenada ha logrado llenar las cárceles de presos sin sentencia, al punto de duplicar la población carcelaria en un año y medio, generando un escenario de hacinamiento sin precedentes. Por supuesto, todos estos presos pertenecen a la misma clase socioeconómica, la más pobre, la marginal, la subalterna. La misma que provee de víctimas a los grupos de limpieza social, cuando la violencia institucionalizada se desborda. Nuestro sistema penal navega entre las aguas del cómic y de la caricatura.