Ecuador sigue siendo el mismo viejo país de siempre. Exceptuando algunas obras físicas, es el mismo país en el tema de garantías de derechos ciudadanos. La misma inequidad, pero con nueva Constitución, nuevas carreteras o aulas escolares.
No voy a poner las manos al fuego por Édgar Coral –ni por él ni por nadie– pero debemos reconocer el derecho constitucional a la presunción de inocencia que como ecuatoriano debería tener. Coral presentó una querella contra el ciudadano presidente Rafael Correa porque –según recoge la prensa– Correa acusó a Coral de “traficante de tierras”. Lo hizo públicamente, en cadena sabatina de medios.
La presunción de inocencia es un estado jurídico que garantiza que “un hombre no pueda ser llamado reo antes de la sentencia del juez, ni la sociedad pueda quitarle la pública protección sino cuando esté decidido que ha violado los pactos bajo los que fue concedida” (César Beccaria).
Coral esperaba que la Asamblea atienda la solicitud de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, sobre la autorización para iniciar la causa penal en contra del presidente de la República. Ante la negativa, se ratificó la sentencia dada por Correa. Comprobado: en materia de derechos, en Ecuador nadie es igual al presidente, ni siquiera ante la ley.
Como él, hay una gruesa lista de ciudadanos –cuyo denominador común ha sido disentir con el poder– que ha recibido públicamente una serie de epítetos –sentencias– sin que medie en ellos la menor posibilidad de defender su honra.
¿Otra prueba? La vida de Consuelo Benavides, maestra que murió por las manos de tortura de los uniformados de la Armada, mereció una indemnización de un millón de dólares tras un engorroso proceso legal. El honor de Rafael Correa, en un fugaz juicio, logró una indemnización de 40 millones de dólares y tres años de cárcel para cuatro personas: tres directivos y el exeditor de Opinión de Diario EL UNIVERSO. Aunque, el abogado del mandatario exige que sea 80 millones de dólares el costo del honor presidencial.
Por la muerte de los hermanos Restrepo, Santiago y Andrés, también torturados por uniformados, pero de la Policía, el Estado fue obligado a pagar una indemnización de dos millones de dólares: el 2,5% de lo que se pretende por el honor del actual presidente de la República.
En este país de inequidades –sin desconocer el derecho de todos a exigir lo justo– la administración de justicia se ha puesto nuevamente en evidencia. Razón tenía Correa al criticar al sistema judicial antes de la Consulta Popular, aunque hoy la elogie.
Y por lo visto se viene más: la Segunda Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas sentenció al periodista Eduardo Granizo a seis meses de prisión y a pagar 12 dólares, que es lo que según los magistrados cuesta el honor de Luis Chiriboga, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, tras una querella que por injurias calumniosas planteó el dirigente deportivo.
El periodista Diego Oquendo también irá a los estrados: el abogado del presidente, Alembert Vera, ha iniciado los trámites “para acciones legales posteriores”, según circuló en las redes sociales.
Pueden parecer superficiales y anacrónicas las comparaciones anteriores. Pero indiscutiblemente son la confirmación de que Ecuador sigue siendo el mismo viejo país de siempre.
