Vamos al diccionario
Rectificar significa modificar la “propia opinión que se ha expuesto antes”, o “corregir las imperfecciones, errores o defectos de una cosa ya hecha”.
Recular se define como “retroceder”, o “ceder de su dictamen u opinión”.
El que rectifica se supone que actúa con buena intención.
Lo mejor es hacer bien las cosas, para no tener que rectificar. Si hay equivocaciones, lo honesto es rectificar, pero –al igual que cuando se pide perdón a Dios– con propósito de enmienda.
Recula el que se remuerde la lengua porque no le queda otra cosa que retroceder. Hace lo posible para disimular lo que podría ser una honesta rectificación, para eso dice que “el otro” o “los otros” son los que se allanan o son vencidos.
Evidentemente el que recula no tiene propósito de enmienda y si, luego que recula, percibe que la otra parte se debilita pegará el zarpazo para imponer su voluntad.
El presidente Correa pocas veces rectifica, cual si fue el caso de la venta de cerveza y vinos los domingos, después que el Día del Padre los de menores ingresos no pudieron tomar ni una cerveza, a diferencia de los de mejores ingresos con reserva de licores en sus hogares.
Lo más usual en él es sentirse dueño del acierto y la verdad, por lo que solo en la imposibilidad de imponerse, recula con rencor que no puede disimular.
La Ley de Aguas
Correa no pudo obtener los votos en la Asamblea Legislativa, rodeada por indígenas y campesinos, para imponerla.
Ordenó a sus asambleístas usar “el limbo” y acudir a una consulta prelegislativa no vinculante, que el gobernante intentará manipular como lo hizo con el proceso electoral del 2009.
Léase bien: la consulta debe ser “prelegislativa” a todos los sectores sociales que podrían ser afectados –prelegislativa significa antes de la formación de la ley– y no “prevotación” sin debate, porque está cerrado el segundo debate.
Hay una evidente violación constitucional –en lo formal y en el fondo– cuando la consulta es posterior al cierre del segundo debate, de modo que lo que se lleve a votar solo sea la redacción del asambleísta de PAIS, Presidente de la Comisión de esta Ley y ponente relator de su texto, que puede acoger o no los pronunciamientos de la consulta.
Lo honesto –difícil de esperar de la mayoría y de la dirección de la Asamblea– sería reabrir el segundo debate para que se consideren los pronunciamientos de la consulta “prelegislativa”.
Y la movilización social, ¿qué?
El Gobierno ha venido tramando debilitarla. Para eso la multiplicación de ofertas, desde frecuencias de radiodifusión, hasta entrega de tierras y crédito.
Con motivo de la reunión de la Alianza Bolivariana ALBA –23, 24 y 25 de junio del 2010, en Otavalo– intentó sustituir a los interlocutores sociales cerrándoles las puertas a sus organizaciones y dirigentes, solo invitando a las autoridades y funcionarios de su nómina del poder y de gobiernos locales que por dinero deben acercase al gobierno central.
Lo bueno fue que la movilización social se dio con fuerza y sin miedo. Las organizaciones rebasaron las noticias de la ALBA.
Correa creyó que la presencia de actores políticos de izquierda de la región, principalmente Chávez y Evo Morales, volvería “comportaditos” a los dirigentes sociales de ideología de izquierda, pero estos le demostraron que ninguna careta gobernante de prácticas fascistas –aun cuando se autodefina de izquierda del siglo XXI– los va a desarticular.
Si por las maniobras no logró la desarticulación social, el gobernante va por la represión social, con fiscalía agradecida por el “espaldarazo” recibido semanas atrás ante el riesgo de juicio político, en el limbo que administra Fernando Cordero.
Nunca faltará un “gurrupié” denunciante.
La lista ‘negra’ del GAFI
Aberrante y repudiable lo de lista “negra”. La noticia de junio 25 es que sacaron al Ecuador de esa lista y lo han colocado en la “lista gris”. Otra aberración.
El GAFI es un organismo multilateral no gubernamental, pero con técnicos en la lucha internacional contra el lavado de dinero, por drogas, terrorismo u otras fuentes ilícitas.
Se produjo la inclusión del Ecuador en la impropiamente llamada lista negra:
1) Por no haber entregado oportunamente información, descuido irresponsable de funcionarios sin preparación ni experiencia que abundan en el actual gobierno.
2) Por la soberbia de ignorar en la normativa interna compromisos internacionales.
3) Por haber autorizado que un banco de Irán registrado en Naciones Unidas como proveedor de recursos al terrorismo, use para sus transferencias las cuentas del Banco Central del Ecuador.
Para limpiarse de lo último, Diego Borja fue a dar explicaciones a Estados Unidos.
En cuanto a los puntos 1 y 2 se tomaron algunas acciones y se asumieron compromisos con cronograma incluido.
El Procurador del Estado fue escueto en informar que el Ecuador pasaba a la lista gris del GAFI, en proceso de regularización.
Pero Correa, al llegar a la reunión de la ALBA, junio 25 del 2010, habló con soberbia: “Se acabó esta barbaridad. Todos sabemos que esto era una retaliación por haber afianzado relaciones con Irán. El Ecuador es soberano. La lista del GAFI es una lista que no tiene ninguna legitimidad porque el GAFI no es ninguna institución del sistema internacional”, apuntó.
Lo que debió definirse como rectificación, Correa lo degradó, para aparecer reculando. ¡Qué pena!
Y usted lector, ¿qué prefiere: un gobernante honesto que rectifique, o uno que retrocede, pero luego aparece soberbio, demostrando que no rectificó, sino que reculó; y, si puede persigue y agrede a quienes lo confrontan?
