Pese a tener el mismo membrete de defensoras de derechos humanos, las organizaciones más antiguas en ese campo marcan distancia de las actividades que efectuaba la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu), de la que formaban parte José Ignacio Chauvin y Daniel Benítez, militantes de PAIS.
Ambos están ahora detenidos por su vinculación con una red de narcotráfico que supuestamente tenía nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
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Los representantes de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) coinciden en señalar diferencias tanto en su origen como en su trabajo.
En cuanto a su conformación, explica Billy Navarrete, del CPDH, las ONG tienen tres fuentes: organizaciones políticas vinculadas con la izquierda, sectores sociales y la Iglesia.
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En el primer caso está, por ejemplo, la APDH, que fue fundada por ex militantes del Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR) en 1984.
Chauvin perteneció al MIR y a la APDH, él coincidía en las protestas que efectuaban los familiares de los hermanos Restrepo todos los miércoles en la Plaza Grande.
Inredh y CPDH pertenecen al segundo grupo; ambas fueron integradas por profesionales en derecho, sociología o antropología, o por representantes de sectores sociales como las mujeres y los obreros.
El Cedhu se formó en 1978 como iniciativa de las iglesias luterana, presbiteriana y católica (esta última encabezada por Mons. Leonidas Proaño).
La Aldhu se creó mediante decreto ejecutivo en el gobierno de Jaime Roldós; además, sus funcionarios gozaban de inmunidad diplomática y tenían una asignación económica del Ministerio de Gobierno.
Esta asignación, que inicialmente fue de $ 100 mil, pero luego se redujo a $ 8.000, se concretó durante el régimen de Fabián Alarcón, cuando César Verduga, quien había sido secretario de la Aldhu, ocupaba el Ministerio de Gobierno.
Quien lo reemplazó en la dirección de la ONG, Gustavo Larrea, estuvo vinculado al gobierno de Abdalá Bucaram y al de Rafael Correa.
“La organización ha tenido relaciones cercanas con el poder que no consideramos adecuadas. Cuando ya se involucra con la defensa de actores políticos, se desfigura su rol”, dice Anaité Vargas, de APDH.
Luis Saavedra, de Inredh, opina que la Aldhu se transformó en una organización “partidista”. “Las otras organizaciones de derechos humanos han sido críticas con el poder”, refiere el activista, aunque varios de los miembros de esta ONG fueron asesores en la Asamblea.
El trabajo de las agrupaciones locales se enfoca en la capacitación y formación en derechos, el activismo (movilizaciones) y el acompañamiento a las víctimas de abusos del poder; en cambio, la Aldhu tenía un perfil más internacional basado en la presentación de demandas auspiciadas por estudios jurídicos extranjeros.
A veces, sin embargo, unían esfuerzos en causas comunes puntuales. Así, por ejemplo, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez protestaron de forma conjunta contra el amedrentamiento que, aseguran, recibieron sectores sociales.
Pero rechazaron algunas de sus iniciativas, como pedir que se le otorgue el Premio Nobel de la Paz a Jamil Mahuad y Alberto Fujimori, por la suscripción de los acuerdos de Brasilia, en 1998, que sellaron la paz entre Ecuador y Perú.
Durante los últimos diez años, desde la vigencia del Plan Colombia, estas agrupaciones tenían actividades en la frontera norte con talleres de capacitación en derechos e investigación sobre los efectos de la violencia en el país vecino, como el desplazamiento y las fumigaciones de cultivos ilícitos.
En esas gestiones, según los dirigentes de esas agrupaciones, han tenido contacto con integrantes de las FARC a los que había que “pedir permiso” para moverse en la zona que controlan, pero aseguran que no se involucraron con ellos.
Saavedra dice que el defensor de derechos humanos a veces tiene que hablar “con el diablo”; esto no implica colaboración.
La Aldhu tiene presencia en esos sectores desde el 2006, cuando emprendió una labor de carnetización de colombianos; la APDH, pide explicaciones, ya que muchos pobladores estan preocupados por el uso de la información que se recogía.
Anaité Vargas
DIRECTORA DE LA APDH
“No digo que los defensores de DD.HH. no puedan tener accionar político, pero si es así deben dejar lo otro. No pueden jugar un doble papel”.
Luis Saavedra
DIRECTOR DE INREDH
“El grupo de Gustavo (Larrea), el de Aldhu, perdió la contienda por el poder dentro de Alianza PAIS. Ahora lo está pagando”.