La audiencia de juicio del caso Blanqueo Fito se instaló este sábado, 18 de abril, pero avanzó de forma parcial. Seis personas naturales y dos empresas son procesadas.
La etapa quedó suspendida para once personas con paradero desconocido y dos empresas que no se han podido contactar, según la Fiscalía General del Estado. Este domingo se reanudó.
La entidad sostuvo que el delito de lavado de activos no puede juzgarse en ausencia, conforme a la normativa vigente.
Publicidad
El proceso sí continúa para seis personas naturales y dos jurídicas presentes o representadas. La investigación se centra en el entorno de Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de Los Choneros, y en un presunto esquema de ocultamiento de capitales mediante familiares y compañías.
La Fiscalía presentó la teoría del caso y anunció la oferta probatoria que sustentará la acusación. El expediente se originó tras reportes de la UAFE por movimientos financieros inusuales sin justificación.
Quiénes no han sido ubicados
En el acta de audiencia preparatoria de juicio de marzo de este año, la Fiscalía identifica a siete procesados con domicilio desconocido o que no han sido localizados. Entre ellos constan:
Publicidad
Publicidad
- Álex M.: no localizado pese a múltiples búsquedas; su domicilio consta como desconocido.
- Michelle M.: hija de alias Fito, con domicilio no identificado.
- Ronald M.: hermano, señalado como colíder.
- Violeta V.: madre del cabecilla.
- Ramón M.: padre.
- Angie B.: cuñada; registra salida a EE. UU. en 2024.
- Irene P.: cuñada.
A este grupo se suman otros antiguos representantes de empresas investigadas, quienes, según la Fiscalía, también han permanecido sin ubicación.
La jueza del caso concluyó que la incomparecencia responde a una decisión voluntaria y descartó fallas en las notificaciones.
Publicidad
Los que han sido notificados
Según el acta de audiencia, se distingue a quienes sí fueron localizados y notificados personalmente. Estos son:
José Adolfo Macías Villamar, alias Fito: notificado personalmente el 25 de junio de 2025 mientras se encontraba privado de la libertad. En dicha diligencia se dejó constancia de su firma y su huella digital.
Yandry M.: consta con domicilio en el CDP (Centro de Detención Provisional), lo que indica su localización física por parte de las autoridades.
Verónica B.: detenida el 30 de mayo de 2024 y se encuentra presente en el proceso bajo custodia.
Publicidad
Ángel B.: localizado y recluido actualmente en el CRS Manabí n.º 3.
Dolores Z.: localizada y con domicilio registrado en el CDP.
Inda P.: aunque inicialmente salió del país, fue localizada en Argentina, deportada y actualmente comparece a través de su defensa privada.
Cómo operaba la red, según la Fiscalía
La acusación de la Fiscalía describe un entramado societario y familiar que buscaba dar apariencia legal a recursos ilícitos.
Habría tres esquemas. En el primero estaban los familiares más cercanos del capo.
Adolfo Macías, alias Fito, figura como el líder que articuló la estructura con base en vínculos de confianza y parentesco.
En el núcleo principal aparecen Ronald M. y Yandry M., hermanos de Fito, quienes habrían participado en la adquisición de bienes y el manejo de empresas.
Violeta V. y Ramón M., padres de Fito, habrían administrado y encubierto patrimonio mediante transacciones simuladas.
Familia política primaria (segundo esquema)
En el segundo nivel, la Fiscalía ubica a Inda P., esposa de Fito, como supuesta operadora financiera clave. También incluye a Michelle M. y Adolfo M., hijos, quienes habrían facilitado cuentas bancarias para mover dinero sin sustento.
Además de Jorge P., alias Teniente, cuñado de Fito, a quien acusan de supuestamente participar activamente en el ocultamiento de inmuebles a nivel internacional (Argentina) y en el manejo de dinero en efectivo para evadir controles.
Irene P., cuñada de Fito, acusada de administrar bienes inmuebles de origen ilícito y un posible nexo con el círculo de seguridad de la organización para obtener información privilegiada.
Julio P., cuñado de Fito, acusado de ser accionista en el esquema societario para impedir la determinación real de los activos ilícitos, según la Fiscalía.
Familia política secundaria y colaboradores
Verónica B., pareja sentimental de Fito, pieza clave en la organización y la logística. Según la Fiscalía, es la autora de la bitácora criminal hallada en un búnker y gestiona los vínculos con funcionarios públicos y testaferros.
Dolores Z., accionista de empresas fachada y pieza fundamental en un circuito de facturación cruzada entre familiares para integrar capitales al sistema formal, según la Fiscalía.
Ángel B., padre de Verónica B., acusado de estar relacionado financieramente con el núcleo familiar, registra un historial previo por lavado de activos y maneja flujos millonarios de depósitos y transferencias.
José B., acusado de administrar empresas fachada y de ser el puente financiero para personas con procesos penales por narcotráfico y extorsión.
Angie B., supuesto nexo y administradora de bienes muebles de alta gama (vehículos blindados) y propiedades inmobiliarias.
Álex M., identificado por la Fiscalía como un supuesto colaborador leal utilizado como instrumento para el ocultamiento. Figura como dueño legal del inmueble en Montecristi donde fue recapturado alias Fito.
Empresas fachada y flujo de dinero
El esquema incorporó compañías para mezclar capitales y simular actividad económica, según la Fiscalía. Entre ellas:
- Queenwater S. A.: vinculada al suministro de agua en cárceles.
- Jomavi S. A.: usada para registrar movimientos sin respaldo real.
- Iris & Limpieza Cía. Ltda.: catalogada como empresa sin operación.
- Ferromundo S. A.: utilizada para justificar transacciones.
Según la Fiscalía, estas firmas habrían permitido ocultar el origen de más de $ 20 millones mediante facturación cruzada y registros contables inconsistentes.
El caso clave de Álex M.
La investigación ubica a Álex M. como pieza funcional en el ocultamiento de activos. Está registrado como propietario del inmueble en Montecristi donde recapturaron a alias Fito en junio de 2025.
El avalúo pericial valoró la propiedad en más de $ 581.000, aunque la compra se registró por un monto mucho menor y en efectivo. La Fiscalía detectó inconsistencias en pagos y vínculos financieros con personas del entorno criminal.
Además, las autoridades no encontraron actividad real en los negocios que declaró ante el SRI. Su paradero actual se desconoce y la Fiscalía asegura que evitó deliberadamente a la justicia.
La jueza del caso determinó que la falta de comparecencia no invalida el proceso. Señaló que las autoridades agotaron mecanismos de búsqueda en registros públicos, domicilios y contactos familiares.
El fallo sostiene que los procesados conocen la causa, pero optaron por no presentarse. Por ello, asignó defensores públicos para garantizar el derecho a la defensa y continuar el trámite judicial.
En el caso de Adolfo Macías, alias Fito, el acta recuerda que fue notificado antes de su extradición a Estados Unidos en julio de 2025, donde permanece detenido.
El juicio sigue para los procesados presentes mientras se mantiene la suspensión para quienes no han sido ubicados. La Fiscalía continuará con la presentación de pruebas para sustentar la acusación de lavado de activos. (I)
