Luego de que se derrumbó el muro de Berlín (1989), la balanza comercial de Cuba enfrentó una crisis grave, muy similar a la que hoy acosa al Gobierno ecuatoriano. Sin los combustibles subsidiados por la ex Unión Soviética, la isla se quedó sin luz, sin transporte y sin otros servicios básicos.

El gobierno comunista dio entonces un paso muy audaz y volcó sus mayores energías a desarrollar el turismo de manera intensiva, para lo cual se abrió el país a la inversión extranjera en ese sector. En muy poco tiempo grandes hoteles españoles ocuparon las playas más hermosas y por todas partes florecieron pequeños restaurantes, guías improvisados y almacenes de recuerdos.

El turismo se convirtió así en el primer salvavidas para los hermanos Castro, que comprendieron que el turismo tiene la virtud de que con muy pocas inversiones y en corto plazo se obtienen divisas, sin necesidad de castigar directamente a los más pobres.

Fue gracias a los turistas europeos, y no cerrando las importaciones, que Cuba pudo sobrevivir durante el “periodo especial”, como se lo llamó. El gobierno comunista siguió reclamándole a Estados Unidos que levante el bloqueo comercial; es decir que lejos de restringir las compras al exterior, exigió que más mercancías del capitalismo norteamericano ingresen al último bastión socialista.

El gobierno de Rafael Correa debería copiar esa receta, dando un giro inmediato y radical hacia el turismo. De ese modo dispondría de divisas para cubrir el hueco en la balanza de pagos del Ecuador.

Luego, con más calma y de manera prudente, se podrían definir qué otros sectores económicos, más estratégicos, deberían recibir mayor ayuda estatal, como seguramente será el caso de la producción de alimentos y el desarrollo de nuevas energías.

En su lugar, el gobierno de Correa ha preferido restringir las importaciones, medida que golpeará a las personas de menores recursos. El encarecimiento de los zapatos importados, por ejemplo, será beneficioso para el sector de industriales y artesanos que todavía fabrican calzado nacional, pero en cambio perjudicará a millones de amas de casa de los barrios marginales que compran zapatos chinos o brasileños porque son más baratos.

Lo adecuado hubiese sido evaluar primero si el desempleo que provocará el debilitamiento de la industria del zapato será mayor o menor que el daño social de obligar a los pobres a gastar en calzado más caro. Pero para obtener esa información, hubiese sido necesario primero hacer un seguimiento del mercado, a medida que la crisis avanzaba. Solo con esa información se podrá decidir lo mejor.

En el ámbito de las exportaciones, en cambio, el Gobierno se mueve con pies de plomo, limitándose hasta ahora a otorgarles a los exportadores ciertos beneficios menores, como la devolución del IVA o la reducción de los anticipos del impuesto a la renta. Pero eso es como ofrecerle un vaso de agua al que se dispone a atravesar el desierto, solo que a un costo altísimo.