En la campaña por captar el poder se plantean dos corrientes para reformar la Constitución. Esto es muy importante, pues, urgen al país reformas políticas puntuales que permitan, entre otras cosas, rescatar la educación, modificar a fondo organismos, leyes y reglamentos electorales a fin de elevar el nivel de educandos, dirigentes, legisladores, etcétera. Sin embargo, ambas responden a creencias y criterios personales; carecen de estudios especializados y de un respaldo ideológico que proporcione credibilidad, factibilidad y posibilidad de permanecer en el tiempo. Por tanto, con toda razón, la sociedad mira alarmada y desconfiada la posibilidad de que se repitan los vicios que nos han conducido a la situación actual.
Medardo Mora Solórzano (La Reforma Política en el Ecuador) ante esta posibilidad observa lo siguiente: “Tanto por las actuales circunstancias, como en razón de los antecedentes y experiencias que históricamente ha tenido el país, que ha producido 19 constituciones a través de igual número de asambleas constituyentes (o constitucionales, que en la práctica es lo mismo) demuestran que convocar una asamblea para que reforme con toda liberalidad la Constitución, solo produciría enmiendas sin ningún respaldo doctrinario y criterio homogéneo de algunas disposiciones constitucionales que a los asambleístas se les ocurra plantear o revisar, con lo cual no se obtendría ningún tipo de reforma política estructural, que es lo que el país aspira”.
Nuestra historia nos dice que si propiciamos y permitimos reformas salidas del Congreso Nacional, así ocurrirá. Pues, los partidos políticos todos centralistas, que forman la fuerza que dominaría la Asamblea, jamás promulgarán nada que mengüe su poder. Además, basta observar a la mayoría de legisladores que osa expresar una idea y aquellos que ni siquiera pueden, para percibir sus limitaciones, desnudez doctrinaria e ideológica (como secuela de una desastrosa educación y mal formación moral) para intuir cómo se pronunciarían.
Los cuales, casi sin excepción, por conveniencias electorales partidistas son tentados a salir del anonimato a cambio de entregarse como simples fichas sometidas a quienes sí piensan, no en el país por cierto, sino en utilizarlos (hasta que “vuelan” solos y eluden la sujeción) como opción de trueque para exigir prebendas al mandatario de turno (carente de mayoría) o repartir con otros interesados las instancias de poder.
Esta es nuestra realidad. Consecuentemente, proponer que el Congreso haga reformas por su cuenta y riesgo, equivale a entregar el queso al cuidado del ratón y obtener solamente “remiendos desarticulados y a veces incoherentes disposiciones constitucionales, que siendo heterogéneas y producto de los más variados aportes y criterios […] causan más daño que beneficio a lo que debe ser una Constitución” (Ídem).
La reestructuración de nuestras instituciones republicanas y las reformas políticas para permitir la calificación y elección de sus representantes, deben proponerse y exigirse desde la sociedad civil, fundamentados en estudios realizados por un cuerpo de entendidos elegidos por ella y desvinculados de los partidos políticos.
Invito a los candidatos presidenciales, no a más de cinco por cierto (pues sería perder el tiempo), a buscar y leer un importante documento obra del prestigioso rector de la universidad Eloy Alfaro, de Manta, publicado en la revista Cyberalfaro Nº 11. Créanlo, es un análisis académico que vale la pena conocer para adoptarlo.
