En días pasados, los arroceros riosenses impugnaron que el Ecuador estuviese dispuesto a abrirse a un contingente de 3.000 toneladas anuales de arroz estadounidense dentro del TLC. Los arroceros indicaron que para ellos lo aceptable es 250 toneladas, lo que reconocen, es simbólico: el 0,6% del consumo nacional.

Pero, aunque el Ecuador no firme el TLC, o si lo firmase, lograse excluir totalmente las importaciones de arroz, el TLC afectará a la producción arrocera. Porque Perú ya firmó, y ha entregado un contingente equivalente al 5,6% de su cosecha de 74.000 toneladas, esto es 25 veces lo que ha propuesto el Ecuador, y que se incrementará 6% anual. Adicionalmente, el arancel desaparecerá en 17 años, con 4 de gracia.

Las autoridades peruanas reconocen que con este contingente de importación, el precio del mercado interno del Perú se va a deprimir, favoreciendo a los consumidores, pero desalentando a los productores. Para la reconversión, el Gobierno peruano tiene planificado entregar $ 28 millones anuales a los arroceros.

Ese arroz americano importado seguramente se va a filtrar al Ecuador por la porosa frontera sur si el precio interno del Ecuador es mayor que el del Perú. Por  el mero hecho de que el Perú entregue un contingente de esa magnitud a Estados Unidos, el precio del arroz ecuatoriano tenderá a bajar.

Colombia, fuerte productor de arroz, pero deficitario, también entregará un contingente a los Estados Unidos; lo que significa que importará el arroz de Estados Unidos en el momento en que le falte producción nacional. Por lo tanto, dejará de comprar al Ecuador, siendo hoy nuestro principal mercado, y deprimiendo el precio nacional.

El problema medular es que en su mayor parte la producción nacional de arroz tiene costos excesivos, y existe debido a la protección, la que a su vez se mantiene porque una gran parte de la población rural vive de ello.

El TLC va a obligar a un cambio que de todas maneras tenía que darse: el sector arrocero, o se moderniza o desaparece. Si el Ecuador puede producir banano de calidad de exportación al más bajo precio en el mundo, no hay razón para que no lo haga también con el arroz, y lo exporte. De lo contrario, tiene que dedicar esas tierras a otros cultivos.

La ventaja del TLC es que presenta una ocasión clara para el cambio. Debe imponerse un plazo, de cinco años, para fortalecer las unidades arroceras que pueden tornarse competitivas.

Durante ese lustro, las autoridades y los productores deben colaborar en los esfuerzos: construir infraestructura, tecnificar cultivos, mejorar semillas, todo lo que permita aumentar la productividad, o reconvertir a otros cultivos, cuando no se den las condiciones apropiadas.

En ese lapso, improrrogable, deberá entregarse un subsidio a los pequeños productores de arroz, que sería del orden de $ 57 por hectárea, según estudio del Banco Mundial.

La tarea es urgente, porque del arroz vive el campo de la Costa.
Pero los beneficios del cambio son considerables. ¡Cómo mejoraría la calidad de vida de la población urbana más pobre si pudiese adquirir a menor precio el producto indispensable de su alimentación!