Resultaba inconcebible que se pretendiese designar una Corte interina. Solo en los regímenes totalitarios se ha hecho “justicia” con tribunales especiales. Por eso la Constitución los prohíbe. Otro contrasentido hubiese sido incluir a los sindicatos de los trabajadores judiciales entre los nominadores de nuevos jueces. Los gremios tienen intereses específicos que defender por lo que no corresponde que se les conceda tal atribución.

Cierto es que con estas observaciones no se elimina la posibilidad de que continúe la interferencia política en la función Judicial. El peligro subsiste porque la dirigencia política actual, con raras excepciones, no parecen haber comprendido la urgente necesidad de avanzar hacia un Estado con instituciones sólidas y autónomas.

Dicha insensibilidad es, precisamente, la debilidad fundamental del régimen que surgió luego de la caída del anterior Presidente. Quizás la intención del Ejecutivo de convocar a una consulta popular apunte a corregir ese vacío, pero eso todavía está por verse. De allí que los ciudadanos deberán continuar vigilantes para oponerse a los nuevos obstáculos y trampas con que se intentará evitar que se conforme una Corte Suprema independiente.