La prensa del miércoles 26 de mayo recoge la información del incidente del Ing. León Febres-Cordero con el mayor Renán Borbúa, en que luego de un cruce de palabras, según el último, el ingeniero le dio un “tingazo”.
Antecedente fuera del Palacio Legislativo fue el incidente entre los diputados Assad Bucaram y Galo Garay, en el gobierno de Arosemena Monroy, en que el segundo golpeó al primero y este hirió de un disparo a su atacante. En la Asamblea Constituyente, el diputado Vicente Leví amenazó con hacer estallar un taco de dinamita en la sesión del pleno; y, en la Cámara de Representantes, Otto Arosemena usó un arma de fuego contra el diputado Pablo Dávalos, resultando lesionado el diputado Pío Oswaldo Cueva, habiendo sido condenado el Dr. Arosemena Gómez a 30 días de prisión.
No se trata de hipocresías o de ocultismo, pero todo lo que rebasa la contradicción hacia la violencia verbal o física, desfigura denuncias y defensas.
En varias ocasiones he explicado la competencia que se autoatribuyó en 1979 la Cámara Nacional de Representantes, con las llamadas asignaciones provinciales, en que cada legislador hacía y deshacía de un segmento del presupuesto del Estado, con mayores volúmenes a quienes integraban la Comisión Legislativa de Presupuesto, de modo que las vocalías de esa comisión se convirtieron en los puestos más apetitosos del Parlamento, por el poder económico que significaba.
De ese extremo se pasó al otro, hipócrita y mentiroso. Se prohíbe a los legisladores gestionar transferencias, lo cual debería significar la imposibilidad de requerimientos económicos. En la práctica los de los bloques de gobierno o de los que facilitan las mayorías móviles, llenan todo el caudal que deseen, porque no necesitan enviar notas o hacer antesala.
El ministro de Economía, Mauricio Pozo, en entrevista en Vistazo expresó que él no conversa con el Partido Sociedad Patriótica, solo con el diputado Gilmar Gutiérrez “sobre temas económicos, por transferencias a provincias”.
No debe olvidarse que los legisladores de provincia son usualmente considerados una especie de embajador o cónsul en Quito, por las entidades seccionales y otras instituciones, de modo que para los que tienen acceso al gobierno se convierte en una opción de fortalecer su control político y para los que no lo tienen un riesgo de no mantener a su electorado.
Parte de la controversia, aparentemente es la denuncia que el propio presidente Gutiérrez entregó la información al mayor Borbúa para que la haga pública durante su estadía en España. Cierto, o no, lo creo intrascendente.
En 1999 propuse que no sea prohibido gestionar asignaciones o transferencias, sino que, cuando se lo hiciera, sea obligatorio publicarlo desde el Congreso y por parte de quienes reciben la petición, constituyendo infracción penal ocultar o faltar a la verdad en la información.
Siguiendo la tradición del Código de Ética del Congreso Nacional, que solo está en el papel, no creo que haya consecuencias del cruce de denuncias, palabras y tingazo entre dos legisladores.
Hay temas de fondo realmente trascendentes, pero para eso también debe haber el respeto no solo a los que coinciden sino a los que piensan diferente.
