Según organismos internacionales, Colombia mantiene, en los últimos tres años, un promedio de 7.000 personas muertas y desaparecidas por violencia sociopolítica. Entre julio de 2002 y junio de 2003, más de 19 personas en promedio diario fueron asesinadas, desaparecidas o muertas en combate en razón de dicha violencia. Aproximadamente el 70% de los homicidios políticos y de personas socialmente marginadas y de las desapariciones forzadas, en ese mismo periodo, en los que se conoce el autor genérico, se atribuyó a agentes estatales: directamente 8% (152 víctimas), e indirectamente, por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violaciones cometidas por grupos paramilitares, el 62%, es decir 1.220 víctimas. A las guerrillas se atribuyó el 30% de los casos (600 víctimas).

Fueron secuestradas 2.501 personas: presuntamente 1.498 por las guerrillas, 171 por los grupos paramilitares, 396 por la delincuencia común, y 436 sin presunto autor identificado. Hay pruebas de participación de agentes y ex agentes estatales en secuestros. En el 2003, 13 defensores de los DD.HH. fueron asesinados; 29 líderes comunales y 23 líderes campesinos fueron asesinados o desaparecidos.

Entre junio de 2002 y mayo de 2003, 126 sindicalistas fueron asesinados o desaparecidos.

Irónicamente en el Ecuador, teniendo un Gobierno casi militar, es decir que para los artes de cualquier guerra están preparados, no estamos muy lejos de ello. Desde hace un año vemos cómo la violencia mejora su puntería.

Empezamos con la represión a la prensa. Luego se hace pública una lista de enemigos del régimen. Para calmarnos, se resolvió pedirle la renuncia al presunto autor del macabro registro. Sin embargo, la intimidación continúa, pues las amenazantes llamadas telefónicas a los noticieros de televisión se duplican por día para que se callen. En diciembre pasado se detuvo ilegalmente al presidente de Ecuarunari. Luego, vino el asesinato de Patricio Campana, quien investigaba el robo del petróleo de Petrocomercial.

Testificamos el exceso de fuerza en el caso Fybeca, el atentado contra la vida de Iza a las puertas de la Conaie; y todos los días, los ciudadanos comunes y corrientes, soportamos el cotidiano horror de la delincuencia.

La paz no es un estado de pasividad ni es un estado carente de conflictos. Es más bien, un proceso pro activo, de constante lucha por desarmar las redes de violencia.

Necesitamos exigirle al Presidente de la República que se una a esa concepción de paz y lidere una causa que nos proporcione la certeza de que se sancionará a quien confunda lo que significa enemigos personales con enemigos de la democracia. Requerirle al Presidente que, como representante de este país, cabeza de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, deje de pedirnos que tengamos calma. Pues, a estas alturas del partido, ya no podemos andar por las ramas, las listas de las personas sentenciadas a morir crecen cada vez más.

Es preciso demandarle al Presidente que no queremos vivir entre el terror de sicarios, que deje de insistirnos que tengamos paciencia ante la visita de una muerte que amenaza la libertad a la que estamos acostumbrados.