El Gobierno Central destina anualmente $ 10'362.349,30 para que más de 45 mil familias conserven el área de bosques y páramos nativos en las que viven. Las personas reciben el valor económico una vez que cumplen con varias condiciones de seguimiento, determinadas en convenio firmado con el Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE). Desde 2008, año que se inició el proyecto, se han cancelado $ 61 millones. Sin embargo, hay retrasos en las transferencias. La entidad ha pagado hasta el 2015 y gestiona el valor correspondiente al primer semestre del 2016. Gunter Morán (GM), coordinador general de la zona 5 (Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Bolívar), y Robert Acosta (RA), encargado de la coordinación de Patrimonio Natural, en entrevista con este Diario, justifican el retraso en la baja de precio del barril del petróleo, el terremoto del 2016, entre otras causas, pero aseguran que ya se tiene previsto el financiamiento del 50% ($22 millones) para la aplicación del plan para los próximos cuatro años en todo el país.

Guayas es una de las provincias más densamente pobladas del país. Hay ecosistemas totalmente degradados como el bosque seco, la llanura inundable y el bosque de manglar, ¿Qué hace el MAE al respecto?
GM: A partir del 2008 el Gobierno Nacional, por disposición de los artículos 71 y 74 de la Constitución y en concordancia con el Plan del Buen Vivir, implementó el programa Socio Bosque y luego se implementó en la provincia del Guayas Socio Manglar, que son básicamente incentivos económicos que se dan a los pueblos, comunidades y nacionalidades para que cuiden y conserven los bosques, páramos y manglares nativos. Todo esto plasmado en acuerdos escritos.

¿Qué tipo de actividades se les permite a las personas en estas áreas?
RA: Dentro del convenio Socio Bosque solo está permitida la guardianía, actividad turística y conservación del área. En cambio, en el Socio Manglar se conserva el bosque, hay turismo, pero el socio puede realizar actividad extractiva de biorrecursos como el cangrejo. Pero en los dos planes no se permite la tala indiscriminada de bosques nativos porque perdería el incentivo económico el socio.

Publicidad

¿Cómo garantizan que los socios no deforesten?
RA: Se realizan informes de cobertura vegetal anualmente, periódicamente se visita a los socios y se determina si hubo cambio o afectación en el uso del suelo. Si encontrara algo negativo, se realiza una adenda y se baja la superficie de conservación, es decir, si el convenio fue por veinte hectáreas y hay deforestación en una, se cambia el acuerdo solo por diecinueve y también hay sanciones administrativas. Por ejemplo, el costo de reparación de un bosque nativo es de $ 2 mil por hectárea afectada y en manglar llega a $ 89 mil.

GM: Independientemente de las sanciones administrativas, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona la alteración de ecosistemas.

El MAE informó que canceló los incentivos del segundo semestre del 2015 y que gestiona el pago del primer periodo del 2016, ¿a qué se debe este retraso?
GM: El MAE en el 2017 gestionó el pago de $ 1’534.879 correspondiente al 2015 y ahora gestionamos los pagos pendientes del primer periodo del 2016, esto sería $ 4’522.633 correspondientes a 2.611 convenios. Varios factores influyeron para la demora en la transferencia de estos incentivos, como la variación del precio del barril de crudo (que empezó a mediados de 2015), que impactó en el Presupuesto General del Estado; el terremoto de abril del año pasado y el pago a la empresa Occidental (OXY). El Gobierno ya ha financiado las líneas presupuestarias de los planes con $ 9,8 millones que cubrirían estos saldos. Además, se tiene previsto el financiamiento del 50% ($ 22 millones) para la operación de los proyectos durante los próximos cuatro años. El MAE propuso a la Presidencia un mecanismo que permitirá desbloquear fondos de cooperación internacional que ayudarán a disminuir la necesidad de fondos fiscales para sustentar el proyecto.

Publicidad

Desde 2008, ¿cuántas hectáreas de bosque se han dejado de deforestar?
GM: Socio Bosque ha contribuido a la reducción de la deforestación que, desde el 2008, ha pasado de 77 mil hectáreas por año a 47 mil, lo que refleja una disminución del 43% aproximadamente, pero nuestro objetivo es bajar lo más que se pueda. Esto demuestra que hemos logrado instalar una cultura y políticas de conservación desde el Estado pasando por comunas y ciudadanía que antes eran casi nulas o inexistentes. (I)