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La medida se ejecutó por la paralización indefinida de concesiones y plantas que procesan oro en las tres provincias.
Ministerio admite que problemas surgen porque pequeños mineros delegan a otros. Comunidades y grupos sociales aseguran que lo alertaron en todos los gobiernos.
La paralización rige desde este lunes, 2 de febrero. La ministra Inés Manzano firmó una resolución con la medida.
La expectativa del Gobierno era recaudar este año $ 100 millones por la tasa, pero los ingresos de la Arcom serán de $ 14 millones en 2026.
Las compañías que no cumplieron con el pago a la Arcom poseen alrededor de 300 concesiones, explicó el viceministro de Minas, Xavier Subía.
Trabajadores, empresarios y académicos realizaron una marcha en Quito contra la tasa minera, que ya suma seis demandas de inconstitucionalidad.
Resolución de la Arcom da un plazo de cinco días a los GAD para que entreguen información de las concesiones entregadas luego del cierre del catastro en 2018.
Empresas mineras y abogados piden la suspensión del cobro de la tasa establecida por la Arcom.
Hasta el momento se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la tasa. Si la Corte Constitucional no da prioridad, el tema podría tardar años.
Agencia de Regulación y Control Minero fijó tasa, monto y modalidad de pago.
El gremio sostiene que la medida, sin revisión técnica adecuada, pone en riesgo a los proyectos. La ministra Inés Manzano ratificó que la tasa está en firme.
La ministra Inés Manzano se pronunció sobre el pedido de la Cámara de Minería de suspender por un tiempo la aplicación de la tasa de fiscalización y control.
En este tiempo no se han concedido nuevas áreas para exploración o explotación. Primera fase de reapertura del catastro es para la pequeña minería no metálica.
Esas concesiones fueron otorgadas antes del cierre del catastro minero en 2018, explicó el viceministro de Minas.
Leonidas Iza dijo que 20 de las 24 provincias tienen presencia minera y por ello el problema no es solo de los indígenas sino de todo el país.
El funcionario ratificó que no habrá cambios en la decisión de cobrar una tasa de fiscalización a las mineras.
Gremio advierte que la medida ahuyentaría las inversiones en el sector, porque en algunos casos el pago de la tasa superaría los presupuestos de operaciones.
La Cámara de Minería espera que esto dé como resultado una depuración institucional para combatir a la minería ilegal.
Mancheno también formó parte del directorio de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables que el Gobierno dispuso cerrar.
Solo de la mina ilegal de Buenos Aires, ubicada en Imbabura, se podrían obtener unos $2 millones.