Inversiones mineras: hasta $ 53 millones al año pagarían empresas por nueva tasa, según estimaciones de la Cámara de Minería

Existe preocupación e incertidumbre en el sector minero por los efectos de la tasa de fiscalización que cobrará el Gobierno a la industria a partir de julio. Si bien hay sintonía con el objetivo de fortalecer las capacidades del Estado para combatir la extracción ilegal y a las mafias detrás, la Cámara de Minería del Ecuador (CME) advierte que el nuevo rubro desalentará las inversiones. En algunos casos los valores que deberán pagar las empresas superarán a los presupuestos anuales que destinan para el desarrollo de sus actividades, apuntó María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara.Expresó su apoyo a la apertura del catastro minero y la lucha contra la extracción ilegal de minerales, pero criticó la tasa propuesta, argumentando que " es tremendamente desproporcionada" , porque el cobro será por hectárea y las concesiones abarcan miles de hectáreas. Según su análisis, la tasa para la gran minería podría alcanzar montos que van de los $ 15 millones a $ 53 millones , lo que podría desincentivar la inversión en exploración. Silva indicó que los presupuestos para la etapa de exploración son mucho más bajos. Además, en esta fase no se generan réditos por las empresas.“En muchos casos, estas tasas superarían el presupuesto entero de operación del año, que se necesita para perforar, para trabajos comunitarios, para pagar nómina. A la larga todo esto se traduce en que se ahuyenta la inversión minera”, señaló. Pese a los reparos de la Cámara, la decisión está en firme y con ella el Ejecutivo estima recaudar $ 200 millones. La titular de la Cámara de Minería compartió el documento de la Resolución 003/025 de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), que fija la tasa . El texto fue expedido el 31 de mayo y lleva las firmas del viceministro de Minas, Javier Subía, delegado de la ministra de Energía y Minas, y presidente del directorio de la Agencia; y de Luis Bonilla, director ejecutivo de la Agencia.La resolución establece que la tasa de supervisión y control deberá ser pagada por los titulares mineros de la siguiente manera: El monto de la tasa se determinará mediante un cálculo efectuado por la Arcom. El valor a pagar será de acuerdo a un porcentaje establecido respecto del salario básico unificado por cada hectárea minera. El anexo que acompaña a la resolución contiene los porcentajes que aplicarán a las distintas fases de la pequeña minería, mediana, a gran escala, régimen general y no metálicos. Esos porcentajes van del 3 % al 100 % del salario básico, conforme lo siguiente: Pequeña minería Mediana minería Minería a gran escala Régimen general No metálicos Respecto de las licencias de comercialización, se indica que no se tomará en cuenta la cantidad de hectáreas. La tasa se fijará multiplicando el coeficiente de fase por los salarios básicos unificados y no por hectareaje.La modalidad de pago de la tasa se definió así: La resolución señala que el incumplimiento del pago de la tasa dará inicio a un proceso de coactiva.Desde el Ministerio de Energía y Minas se informó que “los recursos recaudados permitirán mejorar la presencia del Estado en zonas estratégicas, fortalecer la supervisión técnica y ambiental, y ejercer una vigilancia efectiva sobre más de 1,6 millones de hectáreas concesionadas a escala nacional".La cartera de Estado compartió una hoja de ruta en la cual se señala que hasta el 1 de junio la Arcom se encargará de la implementación de la resolución. Hasta el 15 de junio la Agencia elaborará los mecanismos de ejecución para el cobro de la tasa. Una tercera fase comprende el cobro del primer semestre proporcional para mediana minería, minería a gran escala y licencias de comercialización. La Arcom hará el corte hasta el 30 de junio y los pagos se recibirán hasta el 31 de julio.Como cuarta fase se contempla el cobro del segundo semestre para mediana minería, minería a gran escala y licencias de comercialización, así como el cobro único para la pequeña minería. Los cortes se realizarán al 31 de diciembre y los pagos serán hasta el 31 de enero de 2026.El Ministerio de Energía afirma que la medida fue socializada con el sector minero entre el 19 y el 27 de mayo de este año, a través de los canales oficiales de la Arcom.Este Diario constató que en la página web de la Arcom existe una publicación denominada “consulta pública” , en la que se presentan un borrador de la resolución y el anexo de los porcentajes que se aplicarían.La Agencia habilitó solo dos canales para recibir observaciones y comentarios. Uno fue mediante un formulario de Google y otro por correo electrónico. No hubo mesas técnicas o algún tipo de diálogo directo. Al revisar el informe con los resultados del proceso de consulta pública, este refleja que hasta el 28 de mayo -cuando se elaboró el reporte- no se obtuvieron comentarios u observaciones a través de correo electrónico. Solo se recibió una observación mediante el formulario de Google. Provino de una persona natural que no es titular minero, quien preguntó si hay alguna garantía del destino de los recursos y sugirió establecer un mecanismo de rendición de cuentas o seguimiento de parte de la Arcom.Al respecto, la presidenta de la Cámara de Minería aseguró que recién en la tarde del lunes 2 de junio -horas después del anuncio gubernamental- apareció en el portal de la Arcom la tabla con los porcentajes. Silva dijo que a inicios de la semana pasada conocieron la intención del Gobierno de imponer una tasa a la industria, por lo que solicitaron una reunión con la Arcom. Posteriormente dialogaron con funcionarios del ministerio sobre varios temas y ahí les confirmaron que se tomaría la medida, frente a lo cual se pidió en una cita puntual para tratar el tema.Mientras se esperaba una respuesta, el gremio quedó sorprendido cuando la mañana del lunes la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, informó a los medios de comunicación que regirá una tasa minera.Así lo relató María Eulalia Silva en una entrevista con este Diario. Agregó que, al día siguiente del anuncio, representantes de la industria conversaron con algunos funcionarios del Ejecutivo, quienes ratificaron que la medida queda en firme, pero estarían abiertos a establecer mesas técnicas para poder hablar.“Estamos seguros de que el Gobierno tomó esta decisión no con una mala intención, pero sí es nuestro deber informar de los riesgos que conllevan este tipo de decisiones . Estamos positivos y esperanzados en que nos van a dar este espacio”, comentó la dirigente. (I)

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