Los explosivos tienen aplicaciones prácticas favorables de uso civil, por ejemplo en construcción y minería, principalmente. Su importación está controlada por el Estado, a través del Ministerio de Defensa, para ser comercializados por personas naturales mientras no exista fabricación nacional.

Sin embargo, los casos de usos de explosivos con fines violentos se incrementan, razón por la que las periódicas amenazas de bomba para causar pánico no son tomadas a la ligera. Recientemente, en la terminal terrestre de Guayaquil, unas 1.500 personas –entre usuarios y servidores– debieron desalojar esas instalaciones por una alerta de material explosivo que en esta ocasión no resultó falsa.

En Guayaquil, Durán y Samborondón, este año se han atendido más de 50 situaciones ligadas a explosivos. El miércoles, la Policía informó que encontró una cápsula detonante y 25 cartuchos de dinamita en los baños de varones de la terminal terrestre de esta ciudad. En consecuencia, el Municipio de Guayaquil implementará la revisión con detector de metales en los espacios de mayor afluencia de público en la urbe. Además, en la terminal terrestre se efectuará un control aleatorio de maletas.

Al día siguiente ocurrió la explosión de un vehículo que circulaba por la carretera E-487 y alarmó a los habitantes de Pallatanga, provincia de Chimborazo. Producto de la onda expansiva, las partes del auto y los restos humanos de sus ocupantes quedaron esparcidos a cientos de metros; cuatro casas y otro vehículo resultaron con daños. La Fiscalía investiga el presunto traslado de armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados.

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De manera adicional, los militares denunciaron el uso de explosivos durante las manifestaciones violentas ocurridas en el contexto del paro indígena.

Es preciso que se hagan los ajustes necesarios para un mejor control de los explosivos y así reducir el acceso no autorizado a materiales que en manos equivocadas incrementan su amplio potencial para causar daño. (O)