La intención del presidente Daniel Noboa desde el inicio de su mandato fue la convocatoria a una asamblea constituyente, así lo decía en campaña, pero en el ejercicio del poder para un periodo completo había optado por impulsar enmiendas y reformas parciales por la vía legislativa. En medio de una pugna con la Corte Constitucional, el 17 de septiembre el mandatario anunció que habrá constituyente, como único camino para consolidar un cambio.
Aunque no reveló la pregunta para que se apruebe o niegue el llamado a una asamblea constitucional, surgen interrogantes y escenarios políticos, el primero: viene una campaña en la que el presidente será protagonista inexorablemente frente a una oposición activa.
Para llegar a una nueva carta constitucional habrá tres elecciones: una para consultar a la población sobre su decisión de que se convoque a una constituyente, otra para elegir a los asambleístas constituyentes y una tercera para aprobar o no el nuevo texto redactado.
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Otra situación ya anticipada es que la constituyente no podrá ser de plenos poderes como los que gozó la de Montecristi, que entre noviembre de 2007 y julio de 2008 redactó la Constitución, reemplazó al Congreso en sus atribuciones y emitió “mandatos constituyentes” para regular aspectos políticos, sociales y económicos que no podían impugnarse. Sentencias de la Corte Constitucional emitidas desde el año 2021 hoy le ponen límites.
En lo económico, el presupuesto que demandará aún no se conoce.
El artículo 444 de la Constitución actual señala que una constituyente es una de las vías que tiene el mandatario para modificar el texto constitucional. Es su derecho si lo considera el camino para cumplir sus promesas. Todos los actores políticos deben estar conscientes de los múltiples escenarios que representa una constituyente y actuar con responsabilidad, porque el Ecuador debe seguir funcionando y las exigencias ciudadanas no se ponen en alto durante el proceso obligado a ir en función de los intereses del país, no de la política. (O)
