Corren los plazos para que la Corte Constitucional (CC) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyan el análisis y el trámite de las preguntas que irían al referéndum propuesto por el presidente Daniel Noboa.
La Corte negó el jueves cuatro interrogantes referidas a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), los juicios políticos contra los magistrados de la CC, la castración química y la reactivación de los casinos.
Pero dio vía libre a otras dos sobre la reducción del número de legisladores y la contratación por horas en el sector turístico. Estas, sin embargo, deben superar un nuevo filtro en la Corte respecto a los considerandos y las preguntas.
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Aparte, la CC tiene pendiente un pronunciamiento sobre el trámite que se siguió en el Legislativo respecto a la reforma parcial para eliminar el financiamiento estatal a las organizaciones políticas.
Estas tres preguntas se sumarían a una cuarta ya aprobada en la CC y en la Asamblea, sobre instalar bases militares extranjeras en el país. En este caso solo hace falta que Noboa emita el decreto para que el CNE inicie el trámite de convocatoria a referéndum según los tiempos previstos en la Constitución y la ley electoral.
El presidente había dicho que las elecciones serían a mediados de diciembre, pero ahora habla de fines de noviembre. Es decir, en menos de tres meses.
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Tiempo que podría resultar insuficiente para que los ecuatorianos logren conocer y comprender los alcances de la consulta.
El hecho de que existan plazos legales para realizar la convocatoria a las urnas no tendría que afectar la calidad del debate público sobre los temas que se pondrán a consideración de los ciudadanos.
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Una reciente encuesta de Cedatos indica que casi el 80 % de la población está de acuerdo con que Noboa realice la consulta. Pero solo un poco más del 50 % conoce todas o algunas de las preguntas.
Y es allí donde entra la labor del CNE, el proponente y los sectores políticos a favor y en contra: que la ciudadanía vaya a las urnas informada. (O)
