El Gobierno ecuatoriano identificó a Comandos de la Frontera, un grupo que nació con disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como responsable del ataque en el que murieron once militares ecuatorianos que cumplían tareas de control de minería ilegal.
La minería ilegal es una amenaza de múltiples tentáculos en el Ecuador. Como se evidenció el 9 de mayo pasado con el asesinato de los miembros de las Fuerzas Armadas, compromete la seguridad nacional, pues el atentado ocurrió en territorio ecuatoriano pese a que Comandos de la Frontera es de origen colombiano; afecta la economía del país, ya que no tributa como todas las operaciones comerciales formales; degrada el medioambiente contaminando ríos y tierras, que se vuelven improductivas; y, como si fuera poco, divide y debilita a las comunidades, que ven cómo sus hijos se involucran en la actividad ilícita, a riesgo de perder la vida.
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Erradicar la actividad irregular es una tarea que requiere de un trabajo conjunto del Estado, la sociedad civil y la colaboración de la comunidad internacional. En este momento, el Bloque de Seguridad ha movilizado a Fuerzas Armadas a Alto Punino, la zona en la que fueron asesinados once militares y donde se han detectado actividades de minería ilegal.
Los comandos de origen colombiano han establecido nexos con el grupo terrorista Los Lobos, de acuerdo con la información oficial. Estos últimos tienen antecedentes de ataques en zonas mineras de Camilo Ponce, en Azuay.
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Además de la búsqueda de los responsables del último ataque, urge que Ejecutivo y Legislativo trabajen en fortalecer leyes que combatan la minería ilegal y que, si la economía lo requiere, se abra paso una minería limpia, responsable, legal, como se observa en naciones desarrolladas. Hay que establecer normas para que no se continúe degradando la naturaleza ni se promuevan delitos como lavado, tráfico, extorsión, ‘trabajo’ irregular y financiamiento de grupos de delincuencia organizada en nombre de la minería ilegal. (O)