En materia de justicia, los ojos del país miran ahora hacia lo que podrá llevar a cabo la nueva titular del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, quien dejó su categoría de conjueza nacional para asumir el nuevo reto, que estaba vacante ya por más de medio año.
El Consejo de la Judicatura, vale recordarlo, es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial en nuestro país. Su misión principal podría resumirse así: modernizar el sistema judicial, gestionar la carrera de los servidores judiciales y asegurar la indispensable transparencia en los procesos internos.
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Estamos entonces frente a una funcionaria que tendrá el poder de sancionar y suspender a los miembros del sistema judicial que, como ya se ha visto en el pasado, se vuelven colaboradores eficaces, pero no de la justicia sino del crimen organizado, que entre sus múltiples facetas tiene la de “benefactor” y “promotor” de todo tipo de actividades, directas o indirectas, que lo aproximen a la ansiada impunidad.
Y a la vez, estamos frente a una funcionaria que podrá sacar lo mejor de los miembros de la Función Judicial, separar la paja del trigo e impulsar hacia el éxito carreras de jueces, fiscales y demás servidores judiciales probos. Esos que tanto requiere el país cuando no termina aún
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de atravesar una guerra territorial de bandas que tienen, guardan, recursos económicos para contratar los mejores abogados que tengan disponibles, y dejar además un largo camino de coimas y sobornos que sostengan su petición. Pero también esos jueces y fiscales expuestos a ataques físicos, mortales, cuando se resisten a cumplir los deseos del mafioso que trata de evitar un largo periodo tras las rejas o una extradición.
No queda entonces más que desearle mucho juicio a la exconjueza que acaba de asumir la Judicatura. De lo transparente de su gestión depende en buena medida que finalmente se logre la normalidad en las calles y en las actividades productivas. (O)