Ayer, un día antes de que se cumpla un mes del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el concejal de Durán Bolívar Vera, cuyo secuestro ocurrió el pasado jueves, fue hallado muerto.
Los ecuatorianos demandan contar las sentencias contra los responsables de delitos execrables que agobian a la sociedad, no los meses y años que se cumplen de crímenes de políticos, comerciantes, empresarios y hasta niños.
El Municipio de Durán dirigió al presidente Guillermo Lasso una severa carta en la que reclama que desde el decreto de excepción en el cantón, el 24 de julio, se han registrado al menos 30 asesinatos. También Rosita Saldarriaga, esposa de Agustín Intriago (alcalde de Manta), quien el 23 de julio reclamaba que no haya piedad para los que mataron a su compañero de vida, sigue sumando días de ausencia, incluso el 28 de agosto recordó en redes que debían celebrar once años de su relación.
Publicidad
El dolor de los familiares de las víctimas de la delincuencia se hace más fuerte cuando hay impunidad. La falta de justicia es un doble crimen.
En el caso de Fernando Villavicencio, la noche del 7 de septiembre hubo operativos, dos detenidos y el Ministerio Público ha recomendado a los actores políticos y a la ciudadanía “ser prudentes con el manejo de la información”.
Es correcto que se pida no crear desinformación, por este y otros asesinatos, pero se entiende la postura de quienes sufren una pérdida que exigen, como reclama todo el país, pronta justicia.
Publicidad
La confianza de los ciudadanos se crea con hechos, pero hoy también está herida. Las medidas cautelares son herramientas judiciales que deben usarse con responsabilidad. Es infame que se capture a delincuentes que están en libertad con esa figura. Si se requieren cambios legales deben hacerse y los jueces ser los primeros en solicitarlos. El Poder Judicial se erige en los cimientos de una confianza pública que solo recuperará cuando haya justicia por Fernando, por Agustín, por Bolívar y todas las víctimas del crimen organizado. (O)
