El envejecimiento de la población en Ecuador es más que la cifra oficial de las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en la que se registra que hasta 2050 se triplicará la población adulta mayor. Los datos conocidos hace más de un año representan un reto urgente para el Estado en el establecimiento de políticas públicas que garanticen la calidad de vida de este segmento etario que ya ha cumplido en gran medida el ciclo de producción económica.
En Ecuador está vigente la Ley Orgánica de las personas adultas mayores que establece garantías de acceso a servicios como salud, atención especializada, programas de alimentación y protección socioeconómica. El mismo texto lo registra como un deber del Gobierno.
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Sin embargo, basta recorrer calles del país para evidenciar que no todos acceden a los servicios. No hay privilegio en que se exija lo que la Ley establece.
Desde 1991, cada 1 de octubre se conmemora el día de las personas de edad avanzada, establecido por la Organización de las Naciones Unidas con el propósito de promover políticas y programas públicos centrados en las personas de la tercera edad, a fin de que permanezcan activas dentro de la sociedad.
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En Ecuador las proyecciones presentadas el año pasado mostraron que los adultos mayores pasarán de 1’476.589 en 2024 a 3’728.757 en 2050.
Se estima que la esperanza de vida de las mujeres se eleve a 85,5 años al 2050 y de los hombres a 79,6 años.
Contar con datos permite a los gobiernos planificar para construir una sociedad más justa y solidaria. Pero el tiempo no se detiene y urgen acciones inmediatas con visión a largo plazo y abriendo camino a oportunidades de las que es una obligación hablar en medio de un panorama que no garantiza de momento la inclusión económica y el bienestar de adultos mayores.
No es preparar a los adultos mayores para adaptarse a un país que envejece, sino el preparar al país para darles una vejez digna. (O)