En la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la relatora sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, hizo público que ataques e intimidación se han vuelto más fuertes en Ecuador contra funcionarios de justicia por parte del crimen organizado.

La denuncia hecha en Ginebra no sorprende en el país, donde la violencia afecta a todos los ecuatorianos. Sin embargo, la alerta de la relatora alarma porque implica un impacto a una función cuya razón de ser es la lucha contra la corrupción y la delincuencia en todas sus formas.

La agencia de noticias EFE resume que entre 2022 y lo que va de 2023 cuatro fiscales han sido asesinados, varios funcionarios judiciales han sido víctimas de intimidaciones y amenazas, y algunos jueces incluso han sobrevivido a intentos de asesinato. Esto es sin contar con las amenazas de bomba reiterativas a instalaciones judiciales.

¿Quién era el fiscal Leonardo Palacios asesinado en Durán?

Ecuador se encuentra en estado de excepción desde el 10 de agosto. El decreto se firmó después del asesinato del candidato a la Presidencia Fernando Villavicencio. Desde el 23 de julio, luego del crimen del alcalde de Manta, Agustín Intriago, estaba vigente uno solo para Manabí, Los Ríos y Durán.

Por efecto del decreto del estado de excepción, las muertes violentas han bajado entre el 26 % y 70 %, de acuerdo con el régimen.

Los resultados de los estados de excepción, lamentablemente, son momentáneos si a la par no se ejecutan planes de seguridad de los que el Gobierno ha hablado, pero su contenido se mantiene en reserva. No queda otra opción más que confiar en que estén en marcha y tengan éxito. Se entiende que no se puede informar a la delincuencia para que esté alerta.

No obstante, el pedido que hace Margaret Satterthwaite a las autoridades para que todos los jueces y fiscales cuenten con protección es válido, así como garantizar a todo ciudadano seguridad. Se debe dar apoyo para que juzguen a los delincuentes sin presiones, amenazas ni temor. (O)