Tras la aceptación de la acción de protección que dejó sin efecto la suspensión por cinco meses de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, se levanta una grave acusación que debe ser aclarada por respeto al país y a sus instituciones.
La jueza a cargo de la acción de protección, Nubia Vera, de la Unidad Judicial de la Niñez, denunció haber recibido presiones y amenazas para pronunciarse de manera contraria a la que su análisis determinó. “Tengo la flash memory donde me ponían cómo tenía que fallar. Está a buen recaudo”, dijo en la audiencia.
La magistrada fue directa en señalar al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy; al director provincial de Pichincha, Henry Gaibor, y a un asesor de Godoy del que no se conoció el nombre.
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Más tarde el Consejo de la Judicatura respondió en un comunicado que las declaraciones de la jueza buscan confundir y manipular a la opinión pública.
“El Consejo de la Judicatura no se prestará, bajo ninguna circunstancia, para intereses políticos ni para la manipulación de la justicia. Somos una institución que trabaja incansablemente por un sistema judicial equitativo, imparcial y responsable, donde primen los principios de legalidad y respeto a los derechos ciudadanos”, anotó, y reiteró la “defensa de la independencia judicial y el bienestar colectivo, dejando claro que nuestra lealtad es únicamente con la justicia y con el pueblo ecuatoriano”.
Un tema de tal gravedad no puede quedarse en cruce de acusaciones y defensa a través de comunicados escritos. La jueza está en la obligación de probar lo que dice y los acusados en su derecho de demostrar su inocencia.
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En un país con tantos conflictos no se puede actuar por intereses o manipulación de ningún lado, de ninguna función del Estado. La firmeza y la lealtad es con el país. La ciudadanía merece autoridades probas, con trabajo de real transparencia e imparcialidad para no afectar más la imagen del sistema de justicia en el que la ciudadanía necesita confiar. (O)
