La anunciada marcha pacífica a Quito este 12 de octubre afronta la misma tensión que ha vivido la Sierra norte desde el 22 de septiembre, cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) inició una paralización exigiendo la derogatoria de la eliminación del subsidio al diésel.
Los enfrentamientos vuelven a poner a prueba la madurez democrática del Ecuador esta semana. El enfrentamiento entre hermanos no puede sino causar desasosiego, daños y peligro innecesario, pese a que el mejor camino ante las disconformidades es el diálogo, la búsqueda de acuerdos por el bien común y, una vez más, quienes no pliegan al paro abogan por el respeto a su derecho a trabajar.
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Gobernar en tiempos de crisis exige equilibrio, firmeza con sensatez, y sobre todo, visión de Estado. Pero no se puede atribuir todas las responsabilidades al Ejecutivo, más allá de que sí tiene el deber de garantizar el orden y la seguridad sin vulnerar derechos. Los líderes de las manifestaciones –que se anuncian como pacíficas– están en la obligación de velar por que así lo sean. Separar la protesta del vandalismo es una prioridad para salvaguardar bienes públicos y privados y sobre todo la integridad física de las personas.
Para retornar a la calma urge un pacto de convivencia nacional. Urge que los sectores sociales, indígenas, académicos, sindicales, productivos y Gobierno se sienten a un diálogo sin posturas radicales. El desarrollo no se logra con violencia y oídos sordos sino con democracia, trabajo, inversiones, educación, salud, bienestar, equilibrio... En un país paralizado el panorama es sombrío.
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El poder no puede medirse por quien grita o confronta más sino por quien logra mantener el diálogo y aportar al desarrollo. En ese quien entran Gobierno y movimientos sociales e incluso políticos, porque con un régimen que lidere con sensatez, una oposición que proponga y una ciudadanía que exija a los dos respeto, paz y gobernanza, hay esperanzas de volver al camino que conduzca al progreso. (O)