La Asamblea Nacional acaba de dar de baja el estatuto migratorio entre Ecuador y Venezuela, que se aprobó en el 2010, durante el gobierno de Rafael Correa, y que fue ratificado y ampliado por sucesivos mandatarios, incluyendo a Daniel Noboa, quien finalmente lo denunció.
Este estatuto establecía una serie de medidas recíprocas para facilitar la migración de los ciudadanos de ambos países, como el ingreso y permanencia sin necesidad de visados tradicionales; el reconocimiento mutuo de cédulas y pasaportes, y se contaba con una regularización migratoria más accesible, con costos reducidos y trámites simplificados.
En el debate legislativo, el pasado 27 de agosto, la oficialista Lucía Jaramillo indicó que unos 150.000 venezolanos se habían beneficiado con este instrumento. “Ecuador cumplió, hizo su parte, porque en uno de los momentos más difíciles que enfrentaron los venezolanos se les abrió las puertas”, dijo. Pero agregó que ya era momento de que el país recuperara el control de sus fronteras, especialmente por el recrudecimiento de la actividad de los grupos criminales. Y que, de todos modos, la Constitución de Montecristi garantiza los derechos de los migrantes.
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La comunidad venezolana en el país está a la expectativa de los efectos de esta decisión de Noboa.
Hay preocupación, pues señalan que ya no tendrán esta suerte de trato preferencial y deberán seguir los mismos trámites que los migrantes de otros países, lo cual podría generar trabas en su permanencia y estabilidad laboral y familiar, sobre todo cuando sus documentos caduquen.
Retornar a su país no es una opción para la mayoría de ellos, porque piensan que sus libertades están en peligro mientras Nicolás Maduro siga en el poder.
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El oficialismo ha dicho que los derechos de los venezolanos en situación de movilidad serán respetados. Valdría la pena reforzar esta declaración con la emisión de políticas públicas que así lo manifiesten en los hechos para que el desarraigo les sea un poco más leve. (O)
