El pasado 16 de noviembre, entre las preguntas de referéndum y consulta popular, a las que la ciudadanía dijo no, estaba la que planteaba eliminar la obligatoriedad del Estado de financiar a los partidos y movimientos políticos nacionales. La negativa no implica que estos dejen de rendir cuentas. El mismo artículo 110 de la Constitución que establece las asignaciones señala que los rubros están sujetos a control.
El artículo 115 de la carta magna detalla que el Estado garantizará equidad en la promoción electoral a través de los medios de comunicación y “los sujetos políticos no podrán contratar publicidad en los medios y vallas publicitarias”.
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Un comunicado de la Asamblea Nacional, que el 7 de agosto pasado anunció la aprobación de la reforma constitucional de los dos artículos para que puedan consultarse a la población, anota que “desde 2008 a la actualidad se han asignado 263 millones de dólares por el rubro de fondo partidario y financiamiento de la publicidad electoral”.
¿Qué escenario deja la victoria del no a eliminar la financiación a partidos políticos?
De acuerdo con datos oficiales, desde el 2008 hasta el 2023, del presupuesto del Estado salió una erogación de $ 81’834.729 para el Fondo Partidario Permanente que sirve para garantizar el funcionamiento administrativo y de capacitación de los partidos y movimientos políticos.
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Independientemente del reciente pronunciamiento en las urnas, corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE) el control de lo asignado a las tiendas políticas. Las agrupaciones partidistas o llamados movimientos tienen la obligación de remitir la información financiera para su fiscalización y el organismo electoral de dar seguimiento a los informes contables que no deben hacerse tardíamente.
La plataforma Sistema Contable del Financiamiento a la Política es el medio para que los representantes de los movimientos transparenten y reporten qué hacen con el dinero que reciben del Estado, de afiliados y donantes. Está en plena operatividad. De los actores políticos y el CNE depende que las normas se cumplan y que no surjan cuestionamientos. (O)