Desde marzo de 2024 hasta el pasado 9 de junio pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC) han remitido ocho comunicaciones demandando la entrega de prótesis. Según la misiva más reciente, la espera para algunos data de 2018.

En total son 233 personas que aspiran se concrete la compra de igual número de prótesis por un monto estimado de $ 2,1 millones, de acuerdo con un estudio de mercado realizado por el hospital. Así lo señala un documento de este centro al que tuvo acceso este Diario.

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John Cabot actúa como procurador de los pacientes e interpuso una acción de protección en contra del hospital del IESS en febrero de 2024, la que en mayo de ese año fue declarada improcedente, pero tras una apelación volvió a los jueces que, luego de casi un año, aún no resuelven.

Es inaudito que la justicia no termine de pronunciarse en una causa presentada como violación de derechos de las personas con discapacidad. Y tan grave como esto es que un hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), cuya razón de ser es el servicio a afiliados y jubilados, mantenga en espera a personas que requieren un dispositivo indispensable para una mejor calidad de vida e incluso merma su capacidad de desenvolverse laboralmente.

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El gerente del HTMC, Alberto Sper, envió un escrito a la subdirectora Diana Parrales –con fecha 28 de mayo– para solicitar que se realicen las gestiones con el fin de obtener la asignación presupuestaria de $ 2’192.074,04 y dar atención al requerimiento del proceso de contratación del servicio de fabricación de prótesis y órtesis del centro. No se conoce el resultado de esta comunicación, mientras los pacientes que tienen años esperando el reemplazo de una prótesis se lamentan por el desdén de una institución a la que vienen aportando durante toda su vida productiva.

Con justicia los afiliados exigen calidad de servicio a las entidades del IESS. Sus autoridades deben tener conciencia de que este es un derecho público. (O)