La arbitrariedad se impuso por unas horas la mañana del 30 de octubre en Guayaquil. Buses de transporte urbano empezaron a cobrar 40 centavos de dólar a los usuarios sin haber sido autorizados.
La Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (Fetug) anunció la decisión la noche anterior. Ni el Municipio de Guayaquil ni la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) la avalaron. Incluso, el alcalde Aquiles Alvarez había advertido en mayo que no habría alza de tarifas mientras no se realice un análisis técnico.
Las resoluciones unilaterales y apresuradas de por sí son graves y tienen doble efecto en la ciudadanía, aunque se argumente desesperación por los costos que representa ofrecer el servicio y que desde hace 13 años no hay un incremento. Los transportistas indican que actuaron respaldados en una medida cautelar, mientras esperan un análisis técnico de la tarifa.
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El resultado del incremento fue la suspensión de unidades que cobraban 40 centavos de dólar. La ATM informó que al menos 22 unidades fueron sancionadas, por lo que no podrán prestar servicio por 30 días y sus operadoras deberán cancelar una multa de seis salarios básicos unificados (2.700 dólares).
Actuar fuera de las normativas pasa factura, tristemente, a los usuarios del servicio, que se quedan con menos opciones para sus traslados, y a los mismos transportistas. Las angustias económicas del gremio se entienden, pero no justifican un accionar autoritario. Todos en el Ecuador deben entender que la imposición no puede pasar por encima del diálogo, de los acuerdos.
Las normas se han hecho para cumplirse, y es una obligación que las mesas técnicas se instalen y privilegien el buen servicio que reclaman los ciudadanos sin causar perjuicio a los trabajadores del transporte.
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Ni los paros ni la imposición de tarifas son el camino en un país que solo aspira a trabajar con justicia. Las autoridades están llamadas a tomar acciones, sentarse, en este caso con el gremio del transporte de pasajeros, para encontrar soluciones saludables para todos. (O)