El calendario electoral para los comicios del 5 de febrero de 2023 está en marcha e incluso han concluido etapas como el cambio de domicilio y se aproxima el periodo de primarias de los partidos políticos –22 de julio al 5 de agosto–, más allá de que ya se han anunciado precandidaturas. Ante la ola delictiva que agobia al país el Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió en días pasados, desde la sociedad civil, una advertencia: grupos delictivos podrían infiltrarse en las campañas proselitistas amenazando este ejercicio democrático.
Ya en el primer consejo consultivo del CNE con representantes de organizaciones políticas, que se realizó en abril pasado, se habló de la posible penetración de actividades ‘extrapolíticas’ y el desafío de evitarlo.
Efectivamente, siempre está latente el peligro de que mafias intenten imbuir fondos ilícitos en campañas electorales. Corresponde a las autoridades hacer un estricta vigilancia y también a los sujetos políticos manejar con responsabilidad, transparencia y control extremo las donaciones que reciben.
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Hay responsabilidad en el CNE. El Reglamento para el control y fiscalización del gasto electoral, publicado en el Registro Oficial 345 del 8 de diciembre de 2020, detalla que el Consejo Nacional Electoral y las delegaciones provinciales, cada uno en su jurisdicción, tienen la competencia de controlar la propaganda y publicidad electoral, y de fiscalizar el gasto electoral y examinar las cuentas en lo relativo al monto, origen y destino de los recursos utilizados...
Se habla del origen y de trasladar al Tribunal Contencioso Electoral los procesos con indicios de presuntas infracciones electorales. No se especifican ilícitos, pero es lógico y honesto que las sospechas sobre el origen de los recursos las pasen al Poder Judicial. Y también desde allá deben estar encendidas las alertas. Y las investigaciones policiales deben tener agudizado el olfato en momentos de combate a las mafias para descubrir los intentos de infiltrarse en la política para frenarlo y de darse, que los responsables pasen a juzgamiento de las autoridades.
En el reglamento se establecen responsabilidades principales y solidarias. No se puede permitir cabos sueltos. (O)
