En los últimos días, el país ha sido testigo de un preocupante repunte de enfermedades infecciosas que se creían controladas, como la tosferina, la fiebre amarilla y la leptospirosis, las cuales han regresado con fuerza, encendiendo las alarmas del sistema de salud y de la sociedad en su conjunto. Esta situación no es fortuita ni inesperada. Es, más bien, el resultado acumulado de la negligencia en las políticas de salud pública de décadas pasadas, la reducción de coberturas de vacunación y las profundas inequidades en el acceso a servicios sanitarios. Esto, sumado a la renuncia de profesionales del sistema de salud por extorsiones.
El Ministerio de Salud Pública ha confirmado 321 casos de tosferina, con un incremento del 127 % en relación con el año anterior. Las muertes, que ya suman 11, golpean con especial fuerza a niños menores de 5 años. A ello se suma la reaparición de la fiebre amarilla en zonas amazónicas y un brote de leptospirosis en Morona Santiago, con ocho niños fallecidos. ¿Cómo llegamos a esto? La respuesta es compleja, pero está relacionada con el debilitamiento de los programas de inmunización, la desinformación, la falta de infraestructura sanitaria y las consecuencias postergadas de la pandemia de COVID-19.
Si bien las autoridades han reaccionado con campañas de vacunación, medidas de prevención y la movilización de brigadas médicas, estas acciones llegan tarde para muchas familias. No se puede improvisar cuando se trata de la salud pública. Es imperativo que la planificación, la inversión sostenida y la vigilancia epidemiológica no sean vistas como gastos, sino como pilares esenciales del bienestar nacional. Desde este espacio editorial hacemos un llamado firme al Gobierno nacional para que continúe fortaleciendo de manera estructural el sistema de salud pública. Es una labor que no debe desmayar y debe tener acciones correctivas sobre la metodología de gobiernos previos. Este fortalecimiento incluye asegurar el suministro permanente de vacunas, mejorar la infraestructura en zonas rurales y remotas, capacitar al personal médico y garantizar el acceso equitativo a la atención sanitaria.
La salud no puede seguir siendo una variable de ajuste presupuestario.
Asimismo, corresponde a los medios de comunicación, las organizaciones sociales y las comunidades asumir un rol proactivo en la difusión de información verificada y el combate a la desinformación. El bienestar colectivo depende también del compromiso individual. Por ejemplo, los controles adecuados en los puntos de frontera, como los aeropuertos, deben ser cumplidos de manera irrestricta. Es importante que la población se eduque y se concientice en este tipo de situaciones particulares. Cabe recalcar que no estamos ante una catástrofe inevitable, más bien estamos ante una crisis que puede ser contenida si actuamos con responsabilidad, celeridad y visión de futuro. Ecuador merece un sistema de salud digno, preventivo y justo. Que esta alerta epidemiológica sea el punto de inflexión hacia ese objetivo común. (O)
