Un asambleísta de 19 años dibuja mientras se discuten leyes para el país. No me sorprende que dibuje –quizás lo ayuda a concentrarse–. Lo inquietante es que sea asambleísta y que parte de su familia trabaje también en la Asamblea. ¿Puede un adolescente que recién estrena la juventud representar y legislar los intereses de la nación?
Mientras los adultos debaten cómo evitar que niños y jóvenes sean reclutados por bandas delictivas, hay otros –sentados en curules– que no saben qué hacer. Asisten, sí, como quien va al colegio del que hace poco salieron, para no ser sancionados. Pero no siempre entienden el drama que se cuece fuera de esos muros.
Asamblea: las sanciones y responsabilidad
Los niños no votan. No hacen lobby. No redactan leyes ni dan entrevistas. Pero miles de ellos viven en barrios o zonas rurales donde el riesgo no es una posibilidad, sino un paisaje cotidiano. Más de 450.000 niños y adolescentes están fuera del sistema educativo. Y parte de ellos, entre 15 y 17 años, ya no quieren volver. No confían. No esperan. No creen.
El miedo se cuela por las aulas vacías, las calles bloqueadas, las vacunas extorsivas a docentes y directores. La infancia se nos va entre el humo de las balas y la ausencia del Estado.
Desde los 10 años o antes, miles de ellos son reclutados por bandas delincuenciales como campaneros, proveedores o sicarios. Los introducen en esas redes amigos o los atrae el prestigio del líder.
Y mientras eso ocurre, en los espacios donde se decide su destino –ministerios, medios, comisiones, presupuestos– su voz no está. O es traducida, corregida, interpretada por adultos bien intencionados.
Sí, existen organizaciones que los defienden y que han marcado hitos. Pero no es igual hablar de ellos que escucharlos hablar. Y menos aún dejar que propongan, exijan, incomoden.
El niño víctima es muchas veces invisible. El niño infractor es demonizado. En el proceso no hemos oído su voz, sentir, miedos y aspiraciones.
Los adolescentes que están en conflicto con la ley no se representan a sí mismos: hablan por ellos jueces, fiscales, policías, medios… o las bandas que los reclutan. En barrios sin Estado, los únicos que ofrecen pertenencia, protección y poder son los grupos delictivos. A veces, el crimen organiza donde el Estado abandona.
Cuando se criminaliza sin comprender la trayectoria de abandono y violencia fallamos dos veces: como sociedad que no protegió y como sistema que no ofrece escucha ni transformación.
¿Y si cambiamos la lógica? ¿Y si, en lugar de seguir legislando sobre ellos, empezamos a hacerlo con ellos? Proponemos abrir un Congreso Juvenil Nacional. No un show institucional ni un espacio decorativo. Un lugar real de consulta y propuesta. Que allí hablen los adolescentes de zonas rurales y urbanas, de colegios, centros de acogida o de detención.
Que los que están en movimientos y proyectos que llenan sus días de propósito y sueños den a los demás sus testimonios. Jóvenes que hablan a otros jóvenes, que se animan y cuestionan entre ellos. Que digan qué les duele, qué cambiarían, qué entienden por justicia. Ellos viven lo que otros redactan. Y tienen derecho a ser parte de lo que se decide sobre sus cuerpos, sus días y sus sueños. Porque si no los escuchamos nosotros, otros sí lo harán. (O)