No son solo tres habeas corpus (Jorge Glas, JR y Vokshi, todos vinculados a graves delitos) otorgados por la Justicia en las últimas semanas. Se trata de 534 concedidos desde 2021, entre cuyos beneficiarios se incluye, además, a seis cabecillas de algunos de los grupos que están de moda: Los Lobos, Los Tiguerones y Los Chone Killers.

Sin embargo, lo que más alertas debe despertar es que 1.312 reclusos, con sentencias o procesados, hayan querido salir de las cárceles con ese recurso, según la información proporcionada por Pablo Ramírez, director del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).

Sí, ya sabemos que los presidentes de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia han puesto el grito en el cielo por los casos de Glas, JR y Vokshi (por los demás, parece haber habido silencio), y que han pedido investigación y suspensión de los jueces o aplicar el error inexcusable, que hasta hace poco estaba de moda. Pero habría que hacer algunas preguntas sobre lo que pasa en la Justicia.

¿Acaso ya llegamos al punto en que la capacidad estatal está sobrepasada? Desde 2010 se advirtió de los riesgos de que el Ecuador se convirtiera en un narco-Estado, y lo que ocurre ahora es difícil comprenderlo si solo se lo ve como un problema de corrupción de jueces o, menos creíble, de chantaje.

Puede verse que hay síntomas de un aparente manejo orgánico de espacios de la Justicia por parte de la criminalidad o de grupos profundamente interesados en que al país le vaya mal. Y eso no se solucionará necesariamente con leyes o medidas disciplinarias. Si ya se perdió parte de la Justicia en la criminalidad, significa que hay que limpiar todo el sistema, porque lo que se estaría mostrando es un accionar permisivo o que se litiga estratégicamente a favor del crimen organizado, que, en el caso del Ecuador, está principalmente asociado al narcotráfico.

¿Se ha preguntado esto el presidente de la Corte Nacional de Justicia? ¿Qué dice la Judicatura sobre esto? Las responsabilidades políticas y sociales son de ellos, como también de sus predecesores, especialmente de quienes estuvieron al frente de la Judicatura entre 2011 y 2018, cuando más cambios se hicieron a jueces y conjueces y era facultativo de quienes presidían ese organismo.

¿Por qué se lanza ahora parte de la responsabilidad a la Corte Constitucional en lo que se refiere a los habeas corpus? ¿Acaso hay incapacidad de gestión o miedo a enfrentar a un monstruo que desde hace más de una década se sabía que venía y que se le estaba dando la bienvenida?

El escenario que se necesitaba para que estemos como estamos se construyó ladrillo a ladrillo y requirió de tiempo. Muchos de quienes son de la clase política actual o miembros del sistema de justicia ya prestaban sus servicios al Estado cuando se advirtió del problema. ¿Qué hicieron para parar esta locura?

La salida a este terrible problema, se ha dicho millones de veces, no es fácil y empieza por tomar la decisión política de enfrentar el problema, con los riesgos y peligros que conlleva a quienes pujaron por representar o presidir las funciones del Estado. (O)