La información de Ecuavisa sobre el uso de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) para mover millones de dólares de origen ilícito ha abierto un debate: ¿estamos ante una figura jurídica fallida o ante un problema de control estatal?
La respuesta corta es: la SAS no es –per se– un instrumento criminal. Otra cosa es el riesgo que surge cuando una SAS se utiliza en entornos institucionales débiles, con controles ex-post exiguos y sin rastreo económico. La SAS se ideó para corregir una falla real del derecho societario clásico: su rigidez. Se originó en Francia para facilitar el emprendimiento, reducir costos de formalización y dotar de estructuras empresariales adaptables, especialmente a pequeñas y medianas empresas. En sistemas de control robustos, el modelo ha cumplido su objetivo; pero en países con institucionalidad frágil, se utilizó para lo ilegal. De ahí que, culpar a las SAS por el abuso, equivale a responsabilizar al dinero en efectivo por la existencia del narcotráfico o al contrato de compraventa por el contrabando. Las figuras jurídicas no delinquen; lo hacen quienes las utilizan en ausencia de un control efectivo.
Negar los riesgos de la SAS sería ingenuo. Su formación rápida, la inexistencia de capital mínimo, la posibilidad de un solo accionista, la falta de órganos de fiscalización y la facilidad para disolverla, crean condiciones para sociedades de papel: empresas sin empleados, sin activos reales ni actividad productiva, pero con elevados volúmenes de facturación. El fenómeno no es solo de Ecuador; ya fue detectado en Colombia, México y Argentina.
La experiencia de Colombia resulta ilustrativa en Latinoamérica, pues fue pionera en la adopción de la SAS y también en enfrentar sus distorsiones. ¿La eliminó? No. Fortaleció el control posterior, implementó registros de beneficiarios finales, reforzó la capacidad de levantar el velo societario y mejoró la coordinación entre autoridades tributarias, financieras y penales. El resultado no fue el colapso del emprendimiento, sino la disminución del abuso.
Ecuador, en cambio, importó la SAS con rapidez, pero sin incorporar el sistema de control. Y claro, en una economía con alta informalidad, cooptada por el narcotráfico, uso vasto de testaferros y una limitada trazabilidad financiera, la SAS se vuelve atractiva para maniobras ilícitas, no porque esté mal diseñada, sino porque opera exactamente como fue concebida, con amplia autonomía privada.
En este contexto debe leerse, con prudencia, el memorando suscrito entre la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y Global Financial Integrity, orientado a la asistencia técnica y capacitación en prevención de lavado de activos. Es un apoyo útil, pero limitado: no crea nuevas competencias, no sustituye el derecho interno ni convierte criterios externos en fuente normativa. Su valor dependerá de que se traduzca en capacidades reales de supervisión y no en una autoridad prestada.
El dilema es jurídico y político: ¿cómo equilibrar la libertad económica y la prevención del delito? Pues con responsabilidad, control y un Estado capaz de supervisar, sin asfixiar la iniciativa privada. (O)
