La arremetida de las bandas criminales fue el pretexto que necesitaban para exponer las miserias de la política. En grupo, obedientemente, como aprendieron a hacerlo a fuerza de diez años de recibir órdenes, reprodujeron los llamados a la inestabilidad política como solución para el problema de la violencia. Obviamente, no presentan propuestas ya que el objetivo es crear el ambiente adecuado para tapar, con cuanta porquería esté a su alcance, los delitos propios. Lo que pase con el país es secundario frente a la desesperación de que se erosione el carisma de su líder, que es su único puntal.

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Por su capacidad para invadir las redes con mensajes, ese grupo es el más visible, pero desafortunadamente no es el único que pone las cosas en esos términos. Sin llegar a la propuesta desestabilizadora, muchas personas se han sumado a la corriente que invierte los términos y considera a la violencia y al crimen organizado como resultados de una mala gestión política, cuando la realidad demuestra lo contrario. Ese tipo de criminalidad es producto de múltiples factores y se ensaña en países que no estuvieron preparados para enfrentarlo.

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Es verdad que el Gobierno no tiene un plan, mucho menos una política, para enfrentar una amenaza de la magnitud que ha alcanzado esta. Pero esa es solo una parte del asunto. Cualquier gobernante que estuviera a cargo en este momento se encontraría con una Policía que no está preparada (en todos los sentidos) para enfrentar a un enemigo de esas características, con unas Fuerzas Armadas que tienen serias restricciones legales para actuar, con un aparato institucional sujeto a limitaciones económicas y presupuestarias, con jueces y fiscales que deben escoger entre la plata y el plomo y con un enemigo que ha infiltrado todos los espacios y alimenta la corrupción interna. La sola voluntad de un gobernante no haría diferencia con lo que tenemos.

La experiencia de otros países demuestra que el combate no se restringe al gatillo fácil...

La experiencia de otros países demuestra que el combate no se restringe al gatillo fácil ni a la alianza con unas mafias para neutralizar a otras. Si el crimen organizado se origina en múltiples causas y se expresa en todos los niveles, entonces la respuesta debe expresarse también en todos los campos de la vida social. Aunque al Gobierno (a este o a cualquier otro) le corresponde la iniciativa, esta sería inútil si se quedara exclusivamente ahí. Es necesaria una política integral que señale la responsabilidad de cada nivel, desde el Gobierno central, pasando por las fuerzas policiales y militares, hasta los gobiernos locales y sobre todo la sociedad. Si el problema tiene múltiples orígenes e infinidad de formas de acción, también la respuesta debe tener esas características.

En lugar de atender a los cantos desestabilizadores y de propagarlos, es el momento de hacer un esfuerzo por construir esa política. Sin duda es mucho pedir para una sociedad acostumbrada a que cada grupo ponga por delante sus intereses particulares. Pero hay que recordar que esa misma sociedad pudo sobreponerse a esas prácticas cuando, bajo dos gobiernos diferentes, se unió para resolver el diferendo limítrofe. La amenaza actual es más grave porque no se reduce a la pérdida de unos kilómetros de territorio. Está en juego la viabilidad como país y la responsabilidad es colectiva. (O)