Resulta llamativo que se haya viralizado en redes sociales un video de la vicepresidenta María José Pinto, actual encargada del Ministerio de Salud Pública, increpando a gritos a una funcionaria del área de salud pública mientras esta ejercía su labor. Se acusa desatención, se señalan pacientes en espera, pero no se ofrece contexto alguno: ni sobre el tipo de unidad, ni sobre su cartera de servicios, ni sobre la dotación real de personal en ese momento.
Surgen entonces preguntas legítimas. ¿Acudió la vicepresidenta con un diagnóstico técnico del Ministerio de Salud Pública o con un informe elaborado por mandos medios y altos que reproducen, desde hace décadas, los mismos errores? ¿Conoce que existe una Ley de Carrera Sanitaria sistemáticamente incumplida? ¿Sabe que no hay alzas salariales reales desde hace más de 10 años, que se redujeron remuneraciones mientras aumentaban horas laborales, y que no existen concursos de méritos y oposición concluidos desde antes de la pandemia? ¿Se ha preguntado la vicepresidenta por qué hay falta de personal?
Resolver problemas estructurales a gritos puede servir para generar impacto mediático, pero no para reformar un sistema que no ha cambiado en 40 años. La salud pública no se gestiona con escenas virales, sino con planificación, inversión en talento humano y reformas profundas, empezando por la contratación pública y la carrera sanitaria. Sin eso, todo lo demás es solo ruido.
Lo preocupante de este episodio no es solo la forma, sino el precedente que puede estar insinuando. La historia reciente del Ecuador ya conoce un modelo de gestión donde el espectáculo sustituye al diagnóstico, la confrontación pública reemplaza a la política pública y la exposición mediática se usa como simulacro de acción. El correísmo construyó un Estado de propaganda: mucha imagen, mucha narrativa, poco cambio estructural. La pregunta es si el actual Gobierno pretende –consciente o inconscientemente– reeditar esa lógica.
Gritar frente a una cámara no equivale a gobernar. Exponer a funcionarios de base no resuelve la falta de personal, no reactiva la carrera sanitaria ni corrige un sistema presupuestario disfuncional. Tampoco transforma un modelo de contratación pública que sigue siendo lento, ineficiente y opaco. La política sanitaria no puede reducirse a escenas diseñadas para redes sociales, porque el aplauso digital no reemplaza la planificación técnica.
Cuando el poder confunde fiscalización con escarnio público, y liderazgo con teatralización, se abre la puerta a una forma de autoritarismo comunicacional. No se gobierna mejor por alzar la voz, sino por corregir estructuras.
El país no necesita una nueva versión del Estado de propaganda, sino un Estado que funcione. Si el actual Gobierno aspira a marcar una diferencia real con el pasado, debe empezar por evitar vicios como administrar por imagen, resolver por impulso y confundir control político con política pública.
Por otra parte, hay un elemento aún más grave que los gritos, el maltrato público o la teatralización del poder: la absoluta indefensión en la que se encuentra el personal de salud para reclamar sus derechos. En el país, la vulneración laboral en el sistema público no persiste porque no exista normativa, sino porque quienes deberían garantizarla han aprendido a bloquearla sistemáticamente.
El profesional de salud que intenta reclamar por vías formales se enfrenta a un muro administrativo perfectamente aceitado. Las solicitudes internas, los oficios, las acciones administrativas terminan casi siempre con la misma respuesta: “No procede”. No hay análisis de fondo, motivación técnica ni corrección del problema.
A ello se suma una realidad incómoda: reclamar derechos cuesta dinero. Implica asesoría legal, tiempo, desgaste emocional y riesgo laboral. En un sistema donde los salarios llevan años estancados y donde la estabilidad es frágil, exigir derechos se convierte en un lujo inaccesible. Lo más alarmante es que ninguna autoridad actúa de oficio. Los abusos se conocen, se repiten y se documentan, pero no hay corrección institucional.
En ese contexto, los gritos no son una anomalía: son la expresión visible de un Estado que dejó de proteger a sus trabajadores y aprendió a imponerse sobre ellos. Y cuando la ley existe, pero no se puede ejercer, lo que se pierde no es solo un derecho laboral, sino el Estado de derecho mismo. (O)
Galo Guillermo Farfán Cano, médico y máster en VIH, Guayaquil