Cuando se cumplen doscientos años de independencia, encontramos a nuestra República con evidentes signos de descomposición, y peor todavía, sin señales de recuperación. Hemos tenido graves crisis, y la más grave, aquella en que tuvimos cuatro gobiernos, y de la que solo pudimos salir gracias al carácter férreo y el talento genial de García Moreno, que solidificó la nacionalidad ecuatoriana. Si una república, en los términos de Montesquieu, y practicados en toda América a partir de la Constitución estadounidense, se integra con tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pues resulta que dos de esos tres no funcionan. La Asamblea no funciona porque se encuentra en una lucha de poder para destituir a su presidenta; la Función Judicial, por la suspensión del presidente de la Corte Nacional por parte del Consejo de la Judicatura, que es un ente público inferior, cuyo presidente de pocas semanas se inaugura –audaz e irresponsablemente– suspendiendo por 90 días al presidente de uno de los tres poderes del Estado, produciendo otra crisis de Estado. Esto es cuestión de principios, no de la causal alegada. La actuación del presidente de la Corte merece objeción –y así lo hemos señalado–, pero por parte de sus iguales, no de su inferior. Con el presidente de la Corte se han solidarizado todos los presidentes de las cortes provinciales. El Poder Judicial se encuentra fracturado. Lo que presenciamos se debe en parte a que estos funcionarios tienen la autoridad del cargo y no la que conceden la altura intelectual y moral elaborada, acumulada por años; pero esto se debe, sobre todo, a la falencia de las leyes, a la estructura de esta Constitución de Montecristi, que más bien parece un instrumento de venganza contra las doctrinas del derecho imperantes en la civilización occidental; la prepararon unos socialistas españoles que el coronel Chávez se los envió al señor Correa; no es obra de ecuatorianos. ¡Qué vergüenza! En esa Constitución se reconoció el recurso de habeas corpus (antiquísima institución inglesa) con desviaciones absurdas y es lo que vivimos: en la Asamblea, que le impide funcionar; en el Poder Judicial, porque permitió la designación del actual presidente de la Judicatura; en la justicia con la liberación de Glas.

Mientras esté vigente la Constitución de Montecristi, continuaremos en la anarquía; se podrá llegar a acuerdos sobre problemas coyunturales, pero los problemas renacerán y se agravarán. La solución permanente es la derogatoria de la Constitución de Montecristi por el mismo procedimiento por la fue aprobada, el plebiscito; y, para que no se produzca un vacío legal, automáticamente quedaría vigente la inmediatamente anterior, la de 1998, en la que no existían el Consejo de Participación, ni los poderes extraordinarios del Consejo de la Judicatura, ni este habeas corpus, ni tantas otras novelerías. A la del 98 se incorporaría toda la legislación de derechos humanos, laborales, ambientales, vigentes; tesis del doctor Simón Espinosa que apoyamos muchos. Se podrían incorporar otras materias, como el sistema bicameral. El presidente Lasso tiene las facultades para esto, lo que lo haría trascender en la historia. Es ahora que puede decidir, tal vez mañana ya no. (O)