La independencia judicial siempre ha sido un tema sensible. Hace alrededor de 50 años muchos juzgados en Guayaquil funcionaban en el edificio de la Gobernación del Guayas. En 1979 el expresidente Roldós, con ocasión de la inauguración del Palacio de Justicia en Guayaquil, dijo que se inauguraba la justicia. En aquellos tiempos la funcionalidad del sistema judicial no tenía los terribles problemas actuales. El doctor Miguel Macías Hurtado llamaba con ironía al Palacio de Justicia “palacio de los tribunales”. Se quejaba de la justicia.
Extrañamos la paz de aquellos tiempos. Ahora es problemática la infraestructura, es problemática la gestión, es problemática la dinámica de los concursos, en muchos lugares no funcionan los baños, no hay guardianía; en fin, hay mucho caos en el ámbito judicial. En su momento se puso de moda que los llamados ministros jueces de las cortes superiores eran también abogados en ejercicio de la profesión a través de terceros, lo cual los convertía en “parte” en los juicios, y como nombraban a los jueces entonces eran personajes muy poderosos. Por eso, la Constitución de 1998 habló de la “independencia interna” de la Función Judicial. Ello fue una respuesta al tráfico de influencias en el interior.
El poder cautiva mucho a las personas, hasta el punto de llevarlas a hacer tontería y media para obtenerlo. El “respeto” que genera el poder es efímero, la influencia es efímera, la “admiración” respecto de los poderosos es pasajera. El verdadero poder, la verdadera influencia proviene de algo más trascendente: de los valores, de la coherencia, de la nobleza, del trabajo fervoroso y desinteresado a favor de las grandes causas. Esto no es idealismo: es convicción, es necesidad, es urgencia. Debemos dar un giro de 180 grados en el gobierno de la administración de justicia. Quien nombra a los jueces no debería controlarlos, no debería sancionarlos. El servicio judicial debería tener un costo mínimo en el ámbito civil y comercial para destinarlo al servicio judicial. El nivel de vida de los jueces y de su familia más cercana debiera ser objeto de seguimiento. Vida de ricos con salarios limitados es inconcebible. La gestión de la Función Judicial debe obedecer a indicadores específicos, medibles, concretos. Los concursos no pueden quedar congelados.
La Asamblea Nacional, los jueces, el Gobierno, los colegios de abogados tienen que aportar en la solución del gravísimo problema judicial que nos inunda. Existe una asociación ecuatoriana de jueces y magistrados; esa institución debe ser esencialmente propositiva sin descuidar su naturaleza gremial. ¿Quién va a liderar la reforma judicial? ¿Nos limitaremos a ver noticieros? Urge participación democrática en la discusión de los problemas judiciales y en el planteamiento de soluciones. Deberíamos replicar la férrea decisión del Gobierno en luchar contra la delincuencia organizada y aplicarla en la reforma judicial.
Si la justicia no progresa, si la independencia judicial no se consolida realmente, a la larga nos hundiremos. Los jueces deben ser actores activos de la reforma judicial, no solo ejecutores. La mejora de la justicia debería ser el desafío de la década. ¿No cree usted? (O)
