El Fondo de Cali fue creado en octubre de 2024 durante la cumbre de biodiversidad COP16 en Colombia, para que las empresas que lucran con el material genético de la naturaleza paguen una compensación económica a los países de donde provienen dichos recursos. Ecuador es una de las naciones con mayor riqueza biológica del planeta, y laboratorios extranjeros han utilizado secuencias de ADN de nuestras especies para fabricar medicinas o cosméticos sin dejar un solo centavo al país. Para aprovechar el CALI, Ecuador debe modernizar sus leyes para dejar de ser una reserva pasiva y convertirse en un actor capaz de vigilar sus datos digitales y reclamar el dinero recaudado que le corresponda.
La ciencia ya no necesita extraer una planta o un animal para estudiarlo. Utiliza información digital que se descarga de internet. Tratados internacionales como el de Nagoya exigían permisos para sacar muestras de la selva, pero esas reglas quedaron cortas ante la tecnología que permite copiar y enviar códigos genéticos por correo electrónico. Esto ha facilitado que muchas investigaciones se realicen sin control oficial. El Fondo de Cali busca corregir esto, exigiendo que quienes usufructúen de recursos genéticos aporten una parte de sus ganancias al fondo, eliminando la ventaja de obtener gratis lo que a los países les cuesta proteger.
La industria multinacional deberá adaptarse a un sistema de pagos que elevará sus costos de desarrollo de nuevos productos. Este pago de una tasa sobre las ventas finales de los productos que usaron la información genética requiere transparencia. Por ejemplo, la eficacia del recaudo dependerá de que las bases de datos digitales permitan identificar cuándo se utiliza una secuencia ecuatoriana. Sin trazabilidad, el compromiso de las empresas quedará sujeto a su voluntad, dificultando el cumplimiento de las metas del CALI.
El marco institucional ecuatoriano actual ha sido una barrera que ha inhibido la creación de un aglomerado formal de servicios biotecnológicos, alentando, “por default”, la piratería de recursos genéticos. Investigadores y empresas nacionales no han generado valor agregado, pero actores externos extraen información digital sin control. Ecuador debe revisar su legislación para pasar de un modelo de prohibición ineficaz a uno de gestión y vigilancia digital. Una reforma que facilite el uso equitativo y sostenible evitará que la biopiratería siga siendo la forma en que los recursos genéticos del país circulan en el mercado internacional.
El CALI destinará el cincuenta por ciento de sus recursos a los pueblos indígenas y comunidades locales, custodios de la biodiversidad de donde proviene la información genética. Este avance sin precedentes no es creíble en manos de un multilateralismo con historial sombrío de fondos que se diluyen en costos administrativos y consultorías. Que haya transparencia en la gobernanza del fondo y se eliminen intermediarios innecesarios en favor de las comunidades indígenas y locales. Que Ecuador exija mecanismos de entrega directa que fortalezcan la autonomía territorial y la conservación efectiva en el campo. (O)