Estamos viviendo una pesadilla y no sabemos cuándo despertaremos: a la de la pandemia, parece que nos estamos acostumbrando a convivir con ella, pero parece que también con la anarquía, con los crímenes en las calles, en las cárceles, los jueces venales; a ratos podría creerse que es por el temor al contagio que los ciudadanos no salen a protestar como en otros tiempos, pero presentimos que desde muy hondo se está gestando una reacción de consecuencias impredecibles; se presiente un estallido social. Si el plan del nuevo gobierno se fundamenta en atraer inversión extranjera que arriesgue capitales, entre otras cosas para doblar la producción petrolera, ¿será eso compatible con lo que señalamos? Una anarquía en la que en Quito, su ciudad capital, hay dos alcaldes; los ciudadanos miran asombrados y asqueados una repugnante batalla de poderes judiciales sobre quién es su alcalde; un día parece que se ha destituido al que fue elegido, y al otro, el destituido, como muñeco porfiado, se encarama de nuevo al despacho de alcalde, mediante un proceso tan sospechoso como nauseabundo; en que la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Electoral, que es el designado expresamente por la ley para resolver estos conflictos, es impugnada, mañosamente, mediante recursos de protección creados por la Constitución de Montecristi, del correísmo, que es quien ahora está aupando estos conflictos. Y con estos antecedentes de anarquía, la Asamblea Nacional condena la suscripción de un Tratado para el retorno del Ciadi, ante el cual puedan los inversores extranjeros recurrir a un procedimiento arbitral que garantice justicia a las partes. La Asamblea lo hizo a sabiendas de que la única autoridad para el caso es la Corte Constitucional, con lo cual incurre en desacato. Nos encontramos ante un enfrentamiento de poderes entre la Corte Constitucional, la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional, provocado por esta, bajo el auspicio del bloque correísta. Así, la Asamblea ha bloqueado el plan gubernamental para el desarrollo.
¿Qué hacer? Pues tomar el toro por los cuernos. La ciudadanía quiteña, en las calles, despertará a las autoridades para dar término a la vergüenza que nos produce un alcalde orgulloso de caminar con un grillete en el tobillo. El Tribunal de lo Contencioso Electoral debe hacer respetar su sentencia que declaró legal el procedimiento seguido por el Concejo de Quito para destituir a Yunda. La Corte Constitucional deberá dirimir de inmediato este conflicto de competencias creados por jueces que no merecen la confianza pública. No le pedimos nada al Consejo de la Judicatura, pues tampoco tiene respetabilidad. La Fiscalía sí debe actuar; debe investigar prontamente el irregular sorteo de las causas entabladas por el exalcalde. Es evidente que un entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo no existe. Por tanto, el presidente deberá decidir si en estas condiciones puede coexistir con la actual legislatura. Entre sus opciones está la muerte cruzada. En la consulta popular que ha anunciado que no hay lugar para soluciones parciales. Se debe derogar la Constitución de Montecristi y que quede vigente la de 1998, actualizada. Para Quito y el Ecuador, drásticas, oportunas, valientes decisiones. (O)