Un grupo de indígenas liderados por sus dirigentes y algunos colectivos sociales han salido a “protestar” por la eliminación del subsidio al diésel decretado por el presidente de la República, que adoptó esta medida radical y necesaria, debido a que el bajo precio del combustible más favorecía a sectores ricos de la población y porque este atravesaba las fronteras con Colombia y Perú, donde era vendido por quienes robaban al pueblo ecuatoriano ingentes cantidades de dinero por este concepto. En 2024, esta evasión representó pérdidas de unos $ 120 millones para el Estado, más los perjuicios por el subsidio al diésel utilizado en actividades como la minería ilegal.
Por mucho tiempo se mantuvo este gran negociado sin que haya habido una mano dura que ponga las cosas en su sitio, entre otras razones, por temor a una estrepitosa caída del gobierno de turno, que hubiese sido provocada por las organizaciones indígenas que intentaron hacerlo ya en 2019, con violencia, terrorismo, vandalismo, robos, heridos y muertes; y en 2022, con similares actos, que provocaron daños de $ 821,68 y $ 1.115 millones de dólares, respectivamente.
El presidente Noboa, concomitantemente con quitarles la presa a los que se enriquecían a costa de los más necesitados, ha dispuesto algunas medidas para mitigar el impacto del alza de este producto, llegando a acuerdos con organizaciones sociales que han preferido el diálogo a la violencia. Pero debemos señalar que, desde el primer minuto en que el decreto aludido entró en vigencia, muchos comerciantes subieron arbitraria y desmesuradamente los artículos de primera necesidad, por lo que habría que aplicar mano dura a estos.
Hasta el viernes pasado, según este Diario, se registró la encarcelación de 85 violentos. A 13 de ellos se los vincula con el ataque a las instalaciones del Comando de la Policía Judicial en Otavalo y se los acusa del presunto delito de terrorismo por haber irrumpido en las oficinas, roto el portón, causar daños materiales, sustracción de documentos y el incendio de la maquinaria de la institución y de más de diez vehículos. Este fin de semana, las manifestaciones fueron más violentas y se reportó la muerte de uno de los protestantes, 12 militares heridos y 17 presuntamente retenidos.
En Pastaza y Cotopaxi se mantienen bloqueos intermitentes en las carreteras, con las consiguientes molestias y daño al asfalto, por la quema de llantas, que habrá que reparar. El sector comercial de Latacunga registra una afectación de casi $ 2 millones en dos días. Además, fueron cerradas las vías en Cotopaxi, Imbabura, Napo, Pichincha y Tungurahua. Este bloqueo deja pérdidas a productores de flores de $ 2,5 millones diarios y daños incuantificables a quienes quieren trabajar, producir y vivir en paz.
Nadie niega el derecho de los pueblos para protestar cuando sus gobernantes, a su juicio, están tomando caminos equivocados que van en contra de los intereses ciudadanos; pero una cosa es manifestar su inconformidad y otra, muy diferente, es la barbarie, es decir, obrar de forma salvaje, violenta y sin mesura, afectando personas y bienes ajenos. El Ecuador es de todos, no de un grupo minoritario que quiere imponer su equivocado criterio con desenfreno y violencia. (O)
