Nunca fue necesario ir a una asamblea constituyente para realizar muchas de las reformas que Ecuador necesita para generar una mayor prosperidad. Lo era mucho menos teniendo el Gobierno actual el bloque mayoritario en la Asamblea y habilidad para lograr que se aprueben leyes de su iniciativa. También hay muchos cambios que el Ejecutivo puede implementar en la política comercial y tributaria sin pasar por la Asamblea.
Con mucho menos apoyo político y con una economía a la deriva, el gobierno de Mahuad dolarizó la economía. Ese cambio se dio sin constituyente, sin que fuera del todo clara su constitucionalidad o legalidad al momento de ser anunciado e implementado. Mahuad y su equipo reconocieron lo que ya era una realidad y formalizaron la decisión que ya habían tomado los ecuatorianos eligiendo al dólar como su moneda de refugio ante la caída libre del sucre. Por esta razón es que “el día después” del anuncio de dicha medida radical el 9 de enero de 2000, los bancos tuvieron una semana totalmente tranquila.
No se resolvieron todos los problemas. Ecuador continúa con un régimen laboral anticuado, con un sinnúmero de barreras al comercio, con un modelo de represión financiera que aísla a bancos nacionales de la competencia internacional, con una falta de seguridad jurídica, y con un sistema de seguridad social insostenible.
Pero ahora que el electorado ha rechazado el proceso constituyente, el Gobierno puede liderar cambios importantes: retomar el proceso de “limpieza regulatoria” que se dio durante los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso eliminando normas INEN y reglamentos técnicos ecuatorianos (RTEs) que son claras barreras al comercio disfrazadas como “protección al consumidor”. También podría continuar negociando acuerdos de libre comercio. No luce difícil para un Gobierno que logró eliminar el subsidio al diésel.
Mucho se puede hacer desde la Asamblea. El Gobierno puede proponer enmiendas constitucionales puntuales que faciliten el crecimiento. Para ello necesita que la Corte Constitucional apruebe su propuesta y luego que una mayoría de dos tercios en la Asamblea la apoye. No luce imposible, considerando que la Corte Constitucional le autorizó hace poco la posibilidad de reescribir la Constitución. El presidente podría proponer eliminar o modificar el artículo 422 que prohíbe los arbitrajes internacionales fuera de organismos regionales y emular el régimen liberal de arbitrajes que tantos buenos resultados ha dado al Perú. También se podría enmendar los artículos que norman los llamados “sectores estratégicos” para permitir una mayor participación del sector privado.
Desde la Asamblea también se pueden promover reformas legales. Entre estas, la reforma más políticamente viable y económicamente conveniente es el complemento natural de la dolarización: la apertura financiera. El Instituto Ecuatoriano de Economía Política tiene el proyecto de ley listo desde la época de Moreno y lo ha venido actualizando desde ese entonces. Ecuador debe convertirse en un centro financiero internacional y competir con otros como Panamá y, por qué no, Singapur.
Ninguna de estas reformas lo resuelve todo, pero la suma de todas estas a lo largo de los años daría como fruto un país muy distinto. (O)
