En el mes de marzo de 2022, en un artículo de opinión expuse: “El 10 de marzo siendo las 04:00, como un parto de los montes, la Asamblea Nacional en una sesión sin precedentes, haciendo tabla rasa de la Constitución y las leyes, entre gallos y medianoche, 99 asambleístas ultrajaron la legalidad, la decencia y los valores humanos. El Ecuador, sus ciudadanos y su capital, fueron ofendidos por este acto repudiable, al mezclar en un solo saco a 268 ciudadanos entre los que habría muchos que sí merecían la amnistía, incluyendo a delincuentes comunes, secuestradores, agresores con intento de asesinato, saboteadores, terroristas y vándalos que destrozaron la propiedad pública y privada. Esto no pudo ocurrir sin los votos independientes de la bancada de Gobierno BAN, para luego uno de sus miembros lamentarse de que se vieron acorralados”.
También advertí: “Se están sentando funestos precedentes para que, bajo pretextos de reclamos sociales o manifestaciones, se cometan delitos comunes contra la vida, saqueos, secuestros, robos y destrucción de bienes públicos y privados, subversión, terrorismo y muchos otros que no son susceptibles de amnistía, como los delitos de octubre de 2019. La resolución no fue de amnistía, sino de impunidad”.
Ante la convocatoria a paralización nacional efectuada por ciertos dirigentes indígenas, debemos recordar esas lecciones. Aunque la actual movilización no tiene la magnitud de los estallidos de 2019 o 2022, los hechos violentos en Otavalo y otros lugares –como la quema de instalaciones, vehículos policiales y la agresión a miembros de la fuerza pública– no pueden disfrazarse de “protesta pacífica”. Son actos terroristas que deben investigarse y sancionarse como delitos.
El diálogo es la vía civilizada para resolver conflictos. Una mesa de negociación exige identificar coincidencias y diferencias, aceptar cesiones recíprocas y reconocer líneas rojas que no son objeto de concesión. No siempre el resultado será el esperado por todas las partes, pero deben primar la coherencia, bien común, legalidad y el respeto al principio de autoridad.
Algunos dirigentes acusan al Gobierno de no propiciar el diálogo ni escuchar sus demandas. Nada más alejado de la verdad: son ellos quienes convocaron a la paralización, afectando servicios públicos esenciales y cometiendo con ello un delito. Además, ser escuchado no significa que se conceda todo reclamo. La eliminación del subsidio al diésel es un ejemplo claro: constituye una línea roja que no puede negociarse, pues ese subsidio ha alimentado el contrabando, el narcotráfico, la minería ilegal y el crimen organizado, perjudicando gravemente al país. En las provincias donde se han originado los focos de protestas son aquellas con incidencia de la minería ilegal.
El Ecuador no puede repetir errores del pasado. No sancionar o amnistiar la violencia y terrorismo es permitirlo, condenando a la nación a un círculo vicioso de chantaje, destrucción e impunidad. La autoridad debe hacer respetar la ley, porque la verdadera paz social no se consigue cediendo a la fuerza, sino fortaleciendo la justicia y la institucionalidad democrática. (O)