México atraviesa un conflicto armado no internacional, no declarado formalmente, contra los cárteles narcoterroristas que dominan ciertos estados del país. Marcado por la política de “la paz con abrazos y no balazos”, los resultados han sido un incremento del narcotráfico y violencia. La presidenta Claudia Sheinbaum parece haber reflexionado.
Las Fuerzas Armadas mexicanas, con apoyo de EE. UU., realizaron la operación que culminó con la eliminación de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. En respuesta, se han producido atentados terroristas y se registran casos de infiltración del narcotráfico en las FF. AA. y reclutamiento de militares por los cárteles.
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Colombia, bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro, enfrenta una situación comparable al aplicar una política de similar orientación ideológica. El efecto es el aumento de la producción de cocaína y violencia en la cadena de distribución. EE. UU. califica a Colombia como un país que ha fallado en la lucha contra el narcoterrorismo. Se han detectado infiltraciones del narcotráfico en sus Fuerzas Armadas y militares integrados a las estructuras criminales, incluso vinculados con cárteles mexicanos.
Por su parte, Donald Trump está impulsando la política de “la paz a través de la fuerza” mediante una Estrategia de Seguridad Nacional que considera al narcoterrorismo una amenaza a la seguridad nacional y hemisférica. Esta doctrina prioriza la erradicación de los cárteles y sus redes asociadas, con o sin acuerdos formales con los Estados afectados. Esto crea tensiones diplomáticas en torno a la soberanía y al eventual uso de la fuerza militar. En cuanto a infiltraciones del narcotráfico en sus FF. AA., no existen reportes que lo confirmen.
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En Ecuador, el presidente Daniel Noboa declaró la existencia de un conflicto armado no internacional contra organizaciones transnacionales narcoterroristas. Está aplicando la política de “la fuerza contra el narcoterrorismo”, en línea con Trump, que lo considera un “socio increíblemente dispuesto”, según declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio.
Organizaciones como Los Lobos y Los Choneros, entre otras, se catalogan como narcoterroristas. Varias mantienen vínculos con cárteles mexicanos y colombianos. En las Fuerzas Armadas hay denuncias sobre casos de infiltración y corrupción de ciertos elementos denunciados a la justicia.
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Independientemente de la política aplicada, el sistema de justicia es crítico. El Índice de percepción de la corrupción 2025 ubica a México en una situación grave, por la infiltración del crimen organizado en el Poder Judicial. Ecuador aparece con un nivel alto y en ascenso; los casos Metástasis, Purga y Plaga revelaron redes de corrupción de jueces, fiscales y expresidentes del Consejo de la Judicatura. Colombia presenta corrupción sistémica, aunque con mayor capacidad institucional de respuesta. EE. UU. registra niveles comparativamente menores y en zonas fronterizas.
¿Qué política frente al narcoterrorismo respaldaría: la paz a través de la fuerza –de carácter pragmático para preservar el Estado– o la paz a través de abrazos y no balazos –de enfoque conciliador– que está facilitando establecer un narco-Estado? (O)