Colombia tiene como frontera las provincias de Esmeraldas, con un clima tropical y vegetación exuberante; Carchi, altiplano frío; y Sucumbíos, selva tropical húmeda. La situación en la frontera norte es harto compleja. Una frase que desnuda la realidad es la del periodista Dimitri Barreto: “Mataje está en el Ecuador, pero Ecuador no está en Mataje”.
Planes para el desarrollo de la frontera norte no han faltado en los diferentes gobiernos. Uno de ellos fue la Unidad de Desarrollo Norte (Udenor) en el gobierno del presidente Gustavo Noboa, sustituido por el Plan Ecuador en 2007 en el gobierno de Rafael Correa; su “política de defensa estaba basada en la protección de la población, de los recursos naturales, del patrimonio nacional y el control efectivo de su territorio”, pura retórica. Se gastaron 135 millones de dólares y no se conoció ningún resultado positivo.
A la frontera norte, el Estado ecuatoriano ha llegado tarde, mal o nunca. Más de un millón de ecuatorianos viven en los 586 km de frontera. Estos ciudadanos pobres y olvidados están a merced de las mafias y bandas criminales que controlan la frontera, les dan trabajo en el cultivo de hoja de coca como raspachines, en los laboratorios de procesamiento y asegurando el transporte de la droga; igualmente, son empleados en la minería ilegal y a muchos jóvenes los incorporan a sus organizaciones delictivas y los emplean en sus redes de informantes que les alertan oportunamente del “peligro” de ser descubiertos.
Las varias facciones de los disidentes de las FARC, el ELN que opera activamente y otras bandas criminales que se disputan el control territorial y que viven del chantaje, secuestro, extorsión, de la minería ilegal y del narcotráfico han tenido un efecto de desbordamiento hacia Ecuador. El Gobierno colombiano tiene la responsabilidad de que esto suceda porque ha sido incapaz de contenerlo dentro de sus fronteras, de controlar su territorio y de ejercer soberanía allí para impedir que esos problemas internos traspasen las fronteras. Pero también hay que reconocer que Ecuador tampoco ha sido capaz de evitar ese desbordamiento hacia su propio territorio. El solo resguardo fronterizo de militares y policías no es suficiente. La falta de presencia efectiva del Estado con la construcción de carreteras, escuelas, hospitales, servicios básicos, apoyo a los agricultores y campesinos, etc., ha hecho más vulnerable la frontera norte y más difícil su control.
Para nuestro país es gran preocupación lo que señala el documento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC): “En los departamentos del Cauca en la costa del Pacífico, Nariño, Putumayo, Amazonas, cercanos a Ecuador, allí se concentra el 35 % de todos los cultivos, que además coinciden con los territorios de mayor presencia de grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo, que se alimentan del negocio del narcotráfico”.
Gustavo Petro, desde su llegada al poder, en 2022, propuso acuerdos de paz con los grupos armados ilegales para poner fin al conflicto armado, sin resultados concretos, lo que significa mayor peligro para el Ecuador. (O)