Los niños y adolescentes representan una tercera parte de los usuarios de internet, de los cuales cerca del 60 % ha sufrido violencia digital. El acceso a celulares y redes sociales se inicia a partir de los 5 años de edad, a los 9 años empieza la autonomía digital y uno de cada siete adolescentes ha estado expuesto a contenido, contactos o conductas maliciosas. Garantizar y promover un entorno digital seguro y confiable para el desarrollo integral de la infancia es una obligación social urgente y necesaria.

Esta garantía parte del principio constitucional de ser un Estado de derechos, de reconocer el derecho a la integridad personal, que incluye una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, y que establece la obligación de adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial contra niñas, niños y adolescentes. Desde la dimensión sancionatoria, en nuestro país está vigente la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos; esta norma tipifica la violencia digital como un delito penal e integra artículos específicos con enfoque de infancia sobre pornografía, hostigamiento, acoso escolar y académico, acoso y abuso sexual y extorsión sexual grabados o transmitidos con cualquier medio digital, dispositivo electrónico o a través de cualquiera de las tecnologías de información y comunicación disponibles. La efectividad de esta ley exige una conducta ciudadana que active la fuerza de la ley a través del principal mecanismo de protección: la denuncia; sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, solo uno de cada diez casos de violencia digital infantil se denuncia, dejando estos delitos contra la niñez en la impunidad.

Como sociedad, debemos estar conscientes de que la violencia digital tiene severas consecuencias a nivel físico, psicológico y social. Un estudio de Unicef sobre el impacto de la tecnología en la adolescencia reveló el escaso nivel de supervisión que ejercen padres y madres a los hábitos digitales en el hogar; por ejemplo, cuando se compara a adolescentes que nunca o casi nunca se conectan a internet a partir de la medianoche y los que lo hacen de manera habitual se identifica, en estos últimos, que las diferentes conductas de riesgo en línea llegan a triplicarse, lo cual revela la importancia de establecer normas y límites desde el núcleo familiar y del acompañamiento parental.

El estudio hace también énfasis en la importancia de especializar en violencia digital a los docentes de las instituciones educativas para promover la autoprotección. Esta responsabilidad también se extiende a las empresas tecnológicas que deben intensificar el desarrollo de sus productos y servicios con estándares éticos, alineados con la presión regulatoria focalizada en la protección de la integridad personal.

Proteger a la niñez contra la violencia digital no solo es un deber moral, es una prioridad social que nos obliga a comprometernos con el bienestar integral de la infancia y una convivencia digital segura, justa y responsable. (O)