La frase “fiebre del oro” se acuñó en el oeste de los Estados Unidos y tuvo su apogeo entre 1848 y 1852. Este fenómeno trajo consigo problemas que se resolvieron con revólver y bala, hasta que finalmente se impuso el Estado.
En la actualidad, en Ecuador y su Amazonía, fronteriza con Colombia y Perú, se ha desatado una neofiebre del oro; hay conflictos que se están resolviendo con emboscadas, fusil de guerra y bala. Es imperativo que el Estado se imponga.
En enero de 2024, el Gobierno declaró la guerra contra las organizaciones armadas ilegales, nacionales y transnacionales, cuya economía se sustenta en el narcotráfico y la minería ilegal. La minería, tanto legal como ilegal, está regulada y controlada por la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom); sin embargo, la magnitud de los riesgos del problema ha llevado a que la responsabilidad se transfiera o se comparta con las Fuerzas Armadas (FF. AA.).
La minería ilegal es una amenaza para la seguridad integral del Estado, ya que ocupa parte del territorio nacional y sus recursos naturales de manera violenta, afectando la integridad territorial y la soberanía. Lo crítico es que esta actividad se está desarrollando ante la mirada de algunas autoridades nacionales, provinciales, cantonales y comunales, quienes parecen participar en ella, posiblemente a través del uso de retroexcavadoras, dragas y logística que atraviesa las carreteras de primer y segundo orden, así como trochas, ríos e incluso vía aérea.
En Ecuador, la extracción de oro ilegal está en una escalada peligrosa y se estima que moviliza entre 600 y 1.000 millones de dólares anuales. Está controlada por organizaciones transnacionales, como los Comandos de la Frontera (colombianos), Los Lobos…, que además están vinculadas al narcotráfico, lavado de activos y tráfico de armas. Estos grupos operan con armamento de guerra y tácticas mortales, que a menudo exceden las capacidades de las instituciones encargadas de su control, por lo que se ha hecho necesario el empleo de las FF. AA.
El oro ilegal es demandado por el mercado negro, los lavadores que legalizan el oro y los compradores, entre ellos los países que incrementan sus reservas para garantizar sus monedas. Como referencia, en mayo de 2025, el precio del oro (99 % puro y 24 quilates) está en alrededor de $ 3.191 por onza troy, siendo un gran estímulo para la extracción.
El asesinato de 11 militares durante una operación contra la minería ilegal el 9 de mayo de 2025 en Orellana evidenció el nivel de confrontación armada, lo que justifica el fortalecimiento de las FF. AA., Arcom, Policía Nacional, Fiscalía y Ministerio del Ambiente y su integración en bloques de seguridad bajo el mando militar, para eliminar la minería ilegal.
Conclusión: la neofiebre del oro ilegal es impulsada por la existencia del mineral, un débil control de las instituciones responsables y el alto precio. Su demanda en el mercado negro incentiva la participación; se evidencia en áreas depredadas, gran cantidad de retroexcavadoras y la violencia con que los Comandos de la Frontera y Los Lobos defienden su actividad. El Estado debe imponerse. (O)
